Argumentó violación de principio de congruencia por parte del Ministerio Público, que pidió una condena a 10 años de cárcel para el ex legislador.

El letrado cuestionó la pericia del Lic. Javier González, a quien calificó como “un maquillador contable”, afirmando que se basó en estimaciones para asegurar el ex gobernador de Paraguari se enriqueció de forma ilícita entre los años 2009 y 2019.

Duarte Cacavelos añadió que el perito del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez dio importancia a las declaraciones juradas ante la Secretaría de Estado de Tributación para calcular los egresos de Miguel Cuevas, pero descartó el documento a la hora de definir los ingresos del acusado.

La defensa resaltó que el agente fiscal violó el principio de congruencia, teniendo en cuenta que el auto de apertura a juicio oral ordenó que Miguel Cuevas sea juzgado por un supuesto enriquecimiento ilícito de G. 1.700 millones, sin embargo en los alegatos iniciales el fiscal habló de un monto de G. 5.200 millones y en los alegatos finales elevó la suma a G. 5.700 millones.

Sobre el punto señaló además que el monto del supuesto enriquecimiento ilícito hace al elemento objetivo del tipo penal, concretamente el resultado, por lo que la variación tiene una relevancia jurídico-penal sustancial.

El representante legal de Cuevas indicó que “el que nada debe, nada teme”; y que la variación del monto del enriquecimiento ilícito no es una cuestión accesoria, y que a su criterio no se entiende de dónde sacó el monto final el fiscal Luis Piñánez, ya que no coincide con la suma que estableció su propio perito contable, que fue de poco más de G. 4.000 millones.

Respecto a la declaración jurada falsa el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos puntualizó que los artículos 242 y 243 del Código Penal castigan hechos punibles contra la prueba testimonial. Explicó que, para configurarse en hecho punible, la declaración jurada falsa se da cuando una persona declara respecto a otra persona, ya cuando la declaración es respecto a uno mismo, es una declaración indagatoria.

Duarte Cacavelos calificó como “inaceptable” desde el punto de vista del Artículo 18 de la Constitucional Nacional que la declaración jurada que presenta un funcionario público ante la Contraloría General de la República pueda utilizarse como prueba en contra del funcionario que presentó esa declaración”, puntualizó el profesional del Derecho; en consecuencia pidió también la absolución de su cliente de esta acusación.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que presidente la jueza Elsa García e integran Jesús Riera y Yolanda Morel, convocó a las partes para el viernes 15 de setiembre, a las 7:30, a fin de esuchar la réplica del fiscal Piñánez y luego la dúplica de la defensa. Seguidamente los jueces pasarán a deliberar para, finalmente, dictar su veredicto sobre el caso.