La acción contra la magistrada Gunseck fue presentada ante la superintendencia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú por el abogado Jorge González, en representación del empresario Nicolás Flavio Tutunyi. La misma, según el denunciante, prosiguió un proceso sin tener competencia territorial, a fin de ordenar la paralización y remisión del juicio del cual “no tenía ni la más remota idea”. Se trata de una acción preparatoria de juicio ejecutivo presentada por Tutunyi contra el brasileño Marcello Almeida de Oliveira. En el juicio, inicialmente, se trabó embargos sobre los bienes del extranjero hasta cubrir la suma de USD 1 millón.

Sin embargo, el juez Claudio Martínez y su actuaria María Lourdes Romero levantaron los embargos preventivos, cometiendo presuntamente varias irregularidades y luego remitieron el juicio al juzgado civil, comercial y laboral de Katueté, a cargo de Josefina Gunseck, quien, atribuyéndose funciones inexistentes, pidió el expediente.

“En lo que respecta a la juez Josefina Gunseck me reservo el derecho de tomar acciones legales pertinentes, una vez finalizada y valorada su actuación por la Superintendencia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú”, refiere la acción.

Con anterioridad,  el empresario afectado denunció al juez Claudio Martínez ante la Fiscalía General del Estado por supuesto prevaricato, pidió su procesamiento y posterior condena a 10 años de pena privativa de libertad. De igual forma, presentó otra denuncia contra el citado magistrado y su actuaria María Lourdes Romero ante la superintendencia de la Circunscripción Judicial por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento de la ley, solicitando la apertura de un sumario y posterior suspensión de los mismos.

“Ante todas estas barbaridades cometidas por los denunciados, violando sus deberes de funcionario judicial, actuando discrecionalmente, mi parte se reserva el derecho de indiciar acciones criminales por prevaricato contra los jueces denunciados y la respectiva denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, atendiendo el valor millonario del juicio y la actitud deshonrosa de los jueces intervinientes al haber obrado criminalmente fuera de la ley para beneficiar a la demandada, dejando sin garantías al proceso civil”, señala en otra parte la denuncia

“MAQUINACIÓN DOLOSA”

A criterio de la denuncia, los magistrados indiciados debieron servir con objetividad los intereses generales, sometiendo su proceder a la ley y al derecho, con garantía, imparcialidad e independencia. Sin embargo, “con la perversa maquinación dolosa empleada, violando sistemáticamente la ley, con evidente parcialidad dolosa, han causado una grave lesión a la justicia y un daño irreparable a mi instituyente, lo que contrasta con notable insolencia al ordenamiento jurídico, lo que justifica plenamente el mal desempeño de funciones y el desconocimiento de la ley-ignorancia supina de la ley, motivado obviamente por naturaleza extraña al proceso”, resalta el escrito.