La denuncia refiere que el Defensor del Pueblo ha cobrado compulsivamente en concepto de contribución de más de 4000 objetores de conciencia desde el 2019 a la fecha sin que la ley le habilite. El hecho punible concreto es de exacción, previsto en el Código Penal en su artículo 312.- Exacción.

Godoy ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley N° 4013/10 Que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente, aprovechándose del desconocimiento y desesperación de personas que deben presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones, indica.

Agrega la denuncia que incluso durante la pandemia el mismo se dedicó a recaudar en colonias menonitas y en el presente año comunicó a empresas que sus empleados debían presentar el carnet de objetor en caso de no haber realizado el SMO y la supuesta obligación de abonar una contribución, cuando que dicha obligación rige únicamente para quienes se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la referida ley, en junio de 2010. Incluso acompañan dicha comunicación con un material de “difusión de la ley 4013/10” donde se altera el texto vigente del art 21, de tal forma a que se entienda que efectivamente deben abonar la contribución prevista en el artículo en cuestión.

La denuncia es por el tipo penal de exacción el cual tiene una expectativa de pena de hasta 10 años