“Tratándose de una ley universal de la Iglesia, que debe ser aplicada en todos los lugares del mundo, se ha establecido una vacatio legis (periodo que transcurre desde la publicación de una ley hasta su entrada en vigor) bastante amplia, hasta el 8 de diciembre, para consentir que llegue una información adecuada a toda la Iglesia”, detalló a Europa Press, el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.

Según precisó el sacerdote español, es de suponer que en cada país los responsables de la comunidad cristiana harán lo debido “para informar a cuantos están obligados a esta nueva disciplina, muy en particular a los clérigos, religiosos y al personal laico que ocupa funciones eclesiásticas, pues son ellos quienes están más afectados por los cambios de la ley”.

Así también, la reforma abre a una mayor determinación de las penas para permitir a la autoridad eclesiástica identificar las más adecuadas y hacerlas proporcionadas a los delitos individuales. Además, algunas penas que antes estaban previstas sólo para los clérigos se extienden ahora a todos los fieles.

Vía: Infobae