Según la denuncia, la Policía Nacional había sufrido un perjuicio patrimonial tras desembolsos en torno a una licitación para la adquisición de combustibles, lubricantes y gas de cocina en el año 2015. Sin embargo, de acuerdo al pedido del entonces Fiscal Rodrigo Estigarribia, no se realizó erogaciones que impliquen una disminución del valor del patrimonio.

Además de que no se dio uno de los elementos de la lesión de confianza, también transcurrió el plazo de cinco años para que opere la prescripción de la sanción penal, lo cual también representa un obstáculo para avanzar en la investigación.