Prieto dijo que, con esto, se ahorran sumas multimillonarias en cuanto a indemnización, propiciadas por la administración del clan Zacarías, que no pagó la liquidación hace 20 años, y días antes de dejar la comuna acordó reincorporar al gran grupo de exobreros. “La deuda ascendía G. 157 mil millones, pero luego de un trabajo de asesoría Jurídica, se logró reducir esa deuda a G. 19 mil millones, logrando así un ahorro de G. 137.723 millones”, puntualizó el intendente.

Agregó que “estamos preparados para lo que se venga, pero lo que no podemos hacer es pagar dinero que no corresponde, ya sea por juicios caducados. Entendemos que hablamos de personas, padres o madres, que están quedando sin su indemnización, pero este gobierno no tiene la culpa de que hayan caducado los juicios, los contribuyentes no pueden estar cargando con deudas que nunca se generaron, es hacer lo correcto, y eso puede traer muchos enemigos o generar disgustos”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, la directora de asesoría jurídica, Nidia Silvero de Prieto, explicó que la deuda se generó por capricho del exintendente Javier Zacarías Irún. Dijo que los aludidos son del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de CDE (SITRAMUCDE). “Estamos hablando de un juicio que llega a 20 años, a través de una resolución del intendente municipal, luego del dictamen jurídico, se dio un corte definitivo a esta situación que vino arrastrándose por mucho tiempo para generar erogaciones monetarias multimillonarias que va cargado a la ciudadanía”, señaló.

MCLEOD ACORDÓ REINCORPORACIÓN

Detalló que una resolución fue firmada por la Intendencia en víspera de la intervención, por Sandra McLeod de Zacarías, donde se firma un supuesto acuerdo con dirigentes del sindicato a fin de reincorporar a estos 357 funcionarios que fueron expulsados cuando asumió Javier Zacarías, muchos de ellos no tenían ni siquiera una demanda judicial o algún derecho, pero fueron reincorporados e incluidos en el cuadro permanente de la institución, y eso ocasionó nuevamente erogaciones monetarias y compromisos para el municipio, acotó Silvero.

JUCIO CADUCADO

 “Por Memorándum en fecha 4 de noviembre del 2020, el intendente recomienda a asesoría jurídica realizar un análisis de la resolución 6840, de fecha 22 de noviembre del 2018, donde encontramos que 357 personas fueron incluidas en esa resolución para la admisión en la Municipalidad, 107 personas forman parte del juicio denominado Demetrio Torres Barrientos y otros. Ese juicio fue declarado en caducidad por la Corte Suprema de Justicia en el 2015; o sea, omitieron la caducidad e igualmente incluyeron”, explicó el asesor jurídico de la comuna, Ricardo Romero.

Apuntó que “33 personas iniciaron el juicio denominado Miguel Cabañas; 49 personas nunca promovieron una demanda contra la institución municipal, pero fueron incluidas igualmente dentro de la resolución 6.840; es decir, 62 personas nunca debieron ser incluidas dentro de esa resolución. Al inicio SITRAMUCDE, a través de su presidente o su secretario, había solicitado la suma de G. 157.428 millones y, haciendo un análisis en todos los juicios, tenemos una deuda solamente en el juicio Christian Vera, por la suma de G. 19 mil millones”, señaló Romero.

El funcionario expuso que en la resolución 4742/2021, dictada por el intendente Miguel Prieto, se dicta revocar la resolución 6840/2018 y todas las resoluciones de contrato y nombramientos dictadas en base a dicha resolución, encomienda a la asesoría jurídica a solicitar la apertura de una cuenta corriente judicial, para dar cumplimiento a la Resolución 742 en fecha 12 de octubre del 2018, es decir los G. 19.000 millones, y empezar a pagar a los trabajadores. Excluir del cuadro de nombradas o contratadas a todas las personas que carecen de una acción judicial de reintegro o que sus juicios hayan caducado”.