Los ocupantes del predio fueron detenidos por disposición de la fiscala Natalia Montanía, luego de que estos se negaran a abandonar la propiedad a pedido del Ministerio Público.

Las personas estaban ocupando un inmueble perteneciente a Desarrollos Madereros SA, en la Colonia Toryvete.

Inicialmente, eran unas 100 personas las que ocupaban la propiedad, alegando que esta pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El allanamiento se realizó luego de que un informe técnico del Indert haya determinado que la finca no forma parte de las propiedades de la institución.

La constitución cuenta con el acompañamiento del Comité de Iglesias y el abogado Adolfo Ferreiro, como intermediario independiente.