El fiscal Fabio Maldonado explicó que Guerra Camacho, quien fue llevado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, está imputado por los delitos de lesiones graves y leves y homicidio.

Apenas la víspera también fue capturado por estos casos el excomandante Iván Patricio Inchauste Rioja. Antes, ya habían sido detenidos el exgeneral Alfredo Cuéllar, el excomandante Franko Suárez Gonzales y el general en retiro Luis Fernando Valverde.

El arresto de Guerra Camacho se llevó a cabo en medio de la expectación generada por el informe que el GIEI le entregará este viernes al Gobierno del presidente Luis Arce, y que evalúa las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos cuatro meses de 2019.

La atención está centrada en las masacres de las ciudades de Sacaba y Senkata, llevadas a cabo durante el régimen de Jeanine Áñez, y que dejaron un saldo de por lo menos 18 muertos.

Una vez concluida esta investigación independiente, que inició en noviembre pasado, se espera el inicio de un proceso de reparación y que los responsables sean juzgados y condenados. Esa es el principal reclamo de los familiares de las víctimas que realizaron una vigilia en la Plaza Murillo, en La Paz, a la espera de la entrega del informe. 

El documento tiene impacto internacional debido al escándalo generado por las denuncias de que los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Ecuador, Lenin Moreno, habrían apoyado con el envío de armas a la expresidenta de facto en los días previos a las represiones.

La violencia política que padeció Bolivia a fines de 2019 tuvo uno de sus puntos culminantes el 12 de noviembre, dos días después del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, cuando Áñez, quien entonces era senadora, se autoproclamó como presidenta, lo que marcó el inicio de violentos ataques a la protesta social en todo el país, en particular en contra de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que realizaban marchas multitudinarias.

Una de las represiones más graves ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, una ciudad ubicada en el departamento de Cochabamba, en donde fueron asesinados Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.

Cuatro días más tarde se llevó a cabo la masacre de Senkata, una localidad de El Alto, en la que murieron Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar.

Avances

En un informe preeliminar publicado en diciembre de 2019, la CIDH denunció que, de acuerdo con los testimonios obtenidos, en ambos casos policías y militares habían disparado con armas de fuego a los manifestantes desarmados, además de que los rociaron con gases lacrimógenos y también los golpearon.

Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia CIDH reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad era mayor. A nivel nacional, reportó que, en total, en todas las protestas realizadas en esos días habían sido asesinadas 37 personas.

El organismo recomendó entonces la conformación de un GIEI que investigara de forma independiente las denuncias. Al régimen de Áñez le pidió respetar y garantizar el derecho a la protesta, cesar la violencia y la represión, desmantelar los grupos armados particulares, establecer un plan de atención y reparación de las víctimas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras demandas.

La expresidenta de facto descalificó el informe de la CIDH y, después de negar las represiones, acusó al organismo de parcialidad.

En noviembre del año pasado, cuando Bolivia ya había recuperado la democracia y acababa de asumir Luis Arce, el ganador de las elecciones, por fin se conformó el GIEI que llegó al país para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.

Esto implica que también analizó el clima de violencia política que comenzó a intensificarse previo a las elecciones generales del 20 de octubre, en las que Morales buscaba su tercera reelección y que terminaron invalidándose por denuncias de fraude de una oposición que contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tiempo después, se comprobó que las acusaciones eran infundadas, pero el golpe de Estado ya se había concretado.

El GIEI Bolivia, que ocho meses después terminó sus trabajos, está integrado por el inglés Julián Burger, profesor de derechos humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado; el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; la argentina Patricia Tappatá Valdez, Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Unesco); el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de ese país; y el chileno español Jaime Vidal, quien fue designado como secretario ejecutivo de este grupo.

Proceso

La cancillería boliviana informó en un comunicado que, de acuerdo con los plazos previstos, el GIEI entregaría hoy su informe, el cual será publicado en las próximas semanas, luego de que se verifique que cumple con el acuerdo y protocolo firmados para investigar la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó por su parte que lo más probable es que el informe sea revelado a la opinión pública el próximo 5 de agosto porque después de la entrega, el Gobierno tiene 10 días hábiles para revisar el documento.