El Ministerio Público investigó al diputado luego de que, el 22 de febrero del 2017, ÚH publicara una investigación donde revelaba que tres empleados particulares del colorado cartista figuraban como trabajadores de la Cámara de Diputados, cobrando salarios sin prestar servicio alguno.

Mediante chicanas presentadas por la defensa, Rivas logró suspender en siete ocasiones la audiencia preliminar. Finalmente, ayer el caso pudo ser elevado a juicio oral.

En el caso, Nery Antonio Franco, que cobraba G. 3.000.000 en Diputados, trabajaba a tiempo completo en la distribuidora Salto Cristal, en Ybycuí; Reinaldo Chaparro Penayo cobraba un salario de G. 2.000.000, pero cumplía tareas en la residencia de Rivas en Lambaré, y Lucio Romero Caballero, que era capataz en una estancia del parlamentario en Mbuyapey, percibía G. 2.000.000 como funcionario de la Cámara.

Los tres ya fueron condenados por estafa en un juicio oral por el caso, que culminó a finales de agosto pasado. En su momento, Rivas negó las irregularidades y alegó que se trataba de una persecución. Dijo que eran chofer y secretarios privados y que ingresaron mediante los cupos que le corresponden a cada legislador.

Al respecto, el fiscal Luis Piñánez explicó que Rivas será procesado por estafa, debido a que los coprocesados en la causa (conocidos como los caseros del diputado) ya fueron condenados por estafa y sobreseídos por cobro indebido.

INVESTIGACIÓN. Un equipo periodístico de ÚH había recorrido estos sitios y en un par de semanas, mediante fotografías, videos y llamadas grabadas, logró demostrar que en horarios laborales los ya condenados se encontraban trabajando como empleados particulares del diputado.

Recién en mayo del año pasado, luego de más de dos años de abrirse la investigación, la Cámara de Diputados aprobó su desafuero y el Ministerio Público lo imputó por supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

La acusación fue formulada por los supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, calculando un perjuicio patrimonial de G. 47 millones, según la Fiscalía.