La Cámara de Diputados solicitó informes a quince gobernadores y al Ministerio de Desarrollo Social sobre la ejecución del programa Hambre Cero hasta el 30 de junio. El pedido apunta a verificar cómo se utilizaron los recursos asignados a las gobernaciones para la provisión de alimentos en escuelas públicas.

El planteamiento fue impulsado por el diputado liberal Diosnel Aguilera y aprobado durante la última sesión ordinaria del pleno. La iniciativa busca mayor transparencia en la implementación del programa social estrella del actual gobierno, que distribuye raciones alimentarias en instituciones educativas de todo el país.

El pedido de informe abarca a todos los gobernadores que reciben recursos de Hambre Cero. Entre ellos figuran los jefes departamentales cartistas de Boquerón, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Cordillera, Concepción, Caazapá, Misiones, Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraguay, Amambay, Guairá y Paraguarí. También fue incluido el gobernador liberal de Itapúa, Javier Pereira.

El requerimiento legislativo también alcanza al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, responsable de la ejecución directa en Central, Presidente Hayes y la Capital. Se exige detallar la cantidad de raciones entregadas, el precio unitario de cada una y las escuelas beneficiadas.

Además, se solicita identificar a los proveedores adjudicados en cada departamento. La intención es controlar posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y evaluar la relación entre costos y calidad de los productos alimenticios suministrados.

Si bien no existen denuncias oficiales, en ámbitos legislativos y administrativos circulan versiones que cuestionan la calidad de los alimentos, la transparencia en los procesos de contratación y el eventual sobrecosto en algunas compras departamentales.

La preocupación también radica en el cumplimiento del calendario escolar. Diputados temen que deficiencias en la distribución puedan afectar la nutrición de los estudiantes, especialmente en zonas vulnerables del interior del país.

La Secretaría de Desarrollo Social deberá responder oficialmente junto con las gobernaciones. La rendición de cuentas permitiría conocer el impacto real del programa y disipar sospechas sobre el uso de los fondos públicos destinados a combatir la desnutrición infantil.

Fuente: ABC Color