El principal objetivo de la normativa es la creación del bloque que se encargará de analizar los antecedentes de los distintos casos de secuestros ocurridos en el país.

A su vez, dicho estamento llevará a cabo investigaciones acerca de eventuales conexiones con organismos criminales y el financiamiento de grupos políticos con recursos provenientes de estos delitos.

La comisión nacional estará conformada por seis senadores y nueve diputados, según refiere el documento que fue aprobado.

En cuento a la integración, la plenaria acordó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través del presidente de la institución, legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), se encargue de oficializar la nómina de representantes, previa coordinación con los líderes de las diferentes bancadas.