La ciudadanía le paga mensualmente más de G. 20 millones a Heyn, pero la dirección a su cargo no estaría cumplimiento los objetivos, entre los cuales se puede leer “asegurar el buen desempeño de los cargos, despachos y dependencias judiciales, vigilar la ordenada tramitación de los juicios y pronunciamiento de los fallos en términos de la ley”. También asegurar el orden y disciplina.

Sin embargo, pese a críticas y cuestionamientos, el funcionario se mantiene en el cargo como directo interino, ya que estaría apadrinado por algunos ministros de la Corte. Sin embargo, otros, como el ministro Manuel Ramírez Candia hace rato viene diciendo que la Dirección de Auditoría no hace buena investigación, dilata las conclusiones del análisis de la gestión de algunos jueces.

A esto se suma, que Heyn no le recibe a los periodistas acreditados en el Poder Judicial y mucho menos entrega copias de las conclusiones de las auditorías, pese a su obligación legal y constitucional, como funcionario, de proveer información objetiva y de la propia fuente, a los ciudadanos que le pagan el sueldo.

La actuación de Heyn atenta contra la transparencia, que tanto pregonan los ministros, pero que en la práctica ocurre lo contrario. Un ejemplo claro es el de Hey.

Los ministros Luis María Benítez Riera, presidente; Gustavo Santander, vice primero y Alberto Martínez Simón, vice segundo, cuando asumieron el cargo en febrero pasado, prometieron que las conclusiones de las auditorías se subirían en la página oficial de la Corte. Cinco meses después de la promesa, la misma no aún no se cumple y una vez más se engaña a la ciudadanía.

El Observador