La detenida es Laura Lorena Acosta Benítez, de 42 años, quien fue detenida en la estación de servicios Puma, ubicada en el km 16 de Minga Guazú, hasta donde llegó para recibir parte de la coima de G. 4 millones que estaba exigiendo a una interna, supuestamente para no redactar un informe negativo sobre su comportamiento que le costaría su traslado al penal del Buen Pastor, en la capital del país.

La mujer llegó al lugar a bordo de su automóvil Toyota Premio, de color rojo, con matrícula CDB 643, se estacionó y esperó el dinero. Una familiar de la interna se acercó al automóvil de la funcionaria corrupta y le entregó un sobre conteniendo G. 2.000.000, que fueron previamente verificados, contabilizados y fotocopiados con orden judicial.

La directora del penal, ni siquiera pudo llegar a gastar el dinero, pues al recibir la plata, la comitiva fiscal-policial ya le cayó encima. El fiscal Alcides Giménez le comunicó que estaba detenida y los uniformados procedieron a incautar el dinero que se le acababa de entregar.

OTRAS FUNCIONARIAS IMPLICADAS

Según la investigación, otras dos funcionarias del penal identificadas como Mirian Susana Salcedo Medina, jefa de seguridad, y Tania Godoy Martinez, superior de guardia también estarían involucradas en la extorsión.

LA PRESUNTA VÍCTIMA

La denunciante de la presunta extorsión es Rosa María Cabañas, pariente de Yanina Marializa Dávalos Bazán, condenada a 25 años por caso de homicidio. En el caso también está condenado a 30 años, Esteban Gregorio Elías Policeno Navarro, quienes asesinaron a Víctor Ramón García Cáceres, de 52 años, e hirieron a Diana Beatriz García González (padre e hija), quien se salvó de milagro.

Según los antecedentes, padre e hija salían de su vivienda para dirigirse a su lugar de trabajo, la Itaipu Binacional. Policeno era concubino de Diana Beatriz, con quien tenía un hijo menor, y yerno de Víctor Ramón. En el juicio oral se probó que el crimen fue planeado y ejecutado por la pareja ahora condenada, para quedarse con los bienes de las víctimas, quienes tenían seguro de vida, pero como una de ellas no murió, el caso pudo ser esclarecido.

Según la denuncia, la interna ya no aguantó los constantes pedidos de dinero de la directora del penal, Laura Lorena Acosta Benítez, y las otras dos funcionarias, quienes esta vez exigían la suma de G. 4 millones para frenar su traslado a otro penal. Cabe resaltar que la condenada tiene una cantina dentro del penal, pero supuestamente gran parte de sus ganancias tenía que entregar a la directora, quien además era la única que podía proveerle de mercaderías.