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2021-07-24
Disidencias de las FARC quieren sus tierras de vuelta en Colombia
Grupos criminales, que hicieron parte de las desmovilizadas FARC, buscan retomar las propiedades entregadas, lo que ha desencadenado una ola de violencia en el sur y centro de Colombia.

Desde enero hasta junio de 2021, se denunciaron al menos cinco masacres en los departamentos de Caquetá y Meta, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Aunque las autoridades no han revelado todos los detalles de esos hechos, parecen tener relación con intentos de una serie de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de reclamar tierras, propiedades y corredores de narcotráfico que alguna vez controló el desmovilizado ejército guerrillero.

El 6 de julio, cuatro cuerpos se descubrieron en el municipio de Mesetas, en Meta. Dos de las víctimas eran funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), organismo encargado de la devolución de tierras de las disueltas FARC a familias de la región. Los otros dos eran residentes que participaban en este proceso, después de ser desplazados de sus tierras por las FARC en 1999, según El Espectador. En Mesetas, hay activos tres antiguos frentes de las FARC, según informó la Defensoría del Pueblo en 2020.

Una semana antes, cinco personas fueron asesinadas en la población de La Sierra, en el límite entre los departamentos de Meta y Caquetá. El Frente Edison Cinco Mil del disuelto Bloque Oriental de las antiguas FARC se atribuyó la responsabilidad de la masacre.

Ataques anteriores presentan características similares. En abril, fueron asesinadas tres personas en Cartagena del Chairá, Caquetá, entre ellos dos excombatientes de las FARC. En abril, otras tres personas murieron violentamente en la misma población de Cartagena del Chairá. En ese caso, también dos de las víctimas eran excombatientes de las antiguas FARC. Uno de ellos, identificado como Wilmer Enrique Álvarez Medina, hacía parte del proceso de reinserción. 

El mismo patrón se repitió a lo largo de 2020, con ataques a excombatientes de las FARC, activistas locales y familias participantes de los proyectos de restitución de tierras.




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