Lo más llamativo es que Echeverría había sido designado semanas atrás por Santiago Peña como intermediario entre los intendentes de Central y los ministros de Obras Públicas, Salud e Interior. La jugada del presidente buscaba marginar al gobernador Ricardo Estigarribia de cualquier influencia política en el departamento. Pero tras la "autoreclusión" del intendente luqueño, la decisión de Peña podría tratarse de un paso en falso.  

Sara Benítez y su hija Nilda Barrios Benítez circulaban en su auto en compañía de otros miembros de la familia por las calles Mariscal López y Curupayty con dirección a la Secretaría de Deportes, donde estaba por realizarse un acto de presentanción de los nuevos agentes del Grupo Lince.

Sin embargo al llegar a la intersección con el puente del arroyo San Juan, el caudaloso raudal arrastró el vehículo al fondo del cauce y provocó la muerte por ahogamiento de las dos mujeres. A pesar de la insistencia de los vecinos de la zona y los concejales de Luque, el intendente apagó su teléfono y se rehusó a brindar explicaciones. Hasta la fecha, el puente se encuentra sin valla perimetral. 

Fuentes cercanas al intendente dijeron a LPO que Echeverría se encuentra más preocupado por el golpe a su imagen política que por la tragedia misma. Ante esta situación, la Junta Municipal de Luque impulsó una denuncia penal en contra del intendente por negligencia en su administración.

La investigación del caso se encuentra en manos del fiscal Jorge Escobar de la unidad penal número dos, quien ya solicitó informes a la Municipalidad sobre el vallado de seguridad del puente. Ahora aguardan los resultados de las pericias de los cuerpos para analizar la imputación contra el jefe comunal.

Consternados por la trampa mortal que constituye la arteria, los propios vecinos reunieron fondos e improvisaron una valla perimetral para evitar nuevas víctimas, al menos hasta que el intendente decida tomar acción en el caso.