Ante este escenario, el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones para determinar quién es el autor moral que habría ordenado la quema de documentos del área donde, casualmente, se estaba llevaba adelante una auditoría interna para confirmar una denuncia de malversación de fondos.

El incendio ocurrió hace semanas y consumió parte de los documentos e infraestructura de tres direcciones importantes de la Caja Municipal: Administración, Capital Humano y Auditoría.

Hace tres años, la Contraloría constató la malversación de 35 mil millones de guaraníes en el área siniestrada. El exintendente de la ciudad de San Miguel y actual presidente de la Caja Municipal, Venancio Díaz Escobar, solo lleva en el cargo cinco meses tras reemplazar a Bernabé Peralta, que dejó a la institución en una quiebra técnica y sin pagar haberes a 214 jubilados en diciembre pasado.

Venancio Díaz Escobar, en el centro de la imagen. 

"Yo comuniqué y pedí la intervención del departamento de criminalística como de la Fiscalía para esclarecer si el hecho fue premeditado o fortuito. Nosotros tomamos intervención de todo el proceso. Los medios magnéticos no sufrieron daños. Pero nosotros teníamos identificado al principal sospechoso", sostuvo el titular.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, Ceres Escobar, rechazó las versiones que señalan que la orden haya salido de alguna autoridad municipal. "Ninguna investigación seria llegará a esa conclusión porque (la orden) no partió de aquí. Me sorprenden estas suposiciones, tengo la certeza de que la investigación no llegará a la Junta ni al Municipio", indicó.

Ninguna investigación seria llegará a esa conclusión porque (la orden) no partió de aquí. Me sorprenden estas suposiciones

Varios sindicatos de funcionarios, especialmente de la Municipalidad de Asunción, vienen denunciando desde hace meses que los fondos de la Caja Municipal son utilizados para créditos que rayan la usura, provocando una pérdida millonaria a la institución.

La Caja Municipal arrastra desde 2015 diferentes inconvenientes de liquidez por la falta de transferencia de los aportes que tienen que hacer los intendentes. Alrededor de 1400 jubilados cobran mensualmente sus haberes y unos 200 vieron interrumpidos sus pagos desde diciembre tras la salida de Peralta.