Explica el citado rotativo, adjuntando fotografías de los documentos con fecha 22 de febrero de 2021,  que la Secretaria general de Deporte Profesional y Control Financiero del CSD concluyó en el citado informe que Rubiales "había abusado de su autoridad para apropiarse y comercializar los derechos audiovisuales de los clubs de fútbol femeninos a través de la entidad que dirigía".  Añadió que el presidente había llevado a cabo un "uso desmedido de las facultades inherentes a su cargo" y que se había "propasado y aprovechado de las mismas en beneficio propio y no de los intereses federativos". También que lo había hecho para lucrarse personalmente "al percibir como remuneración un porcentaje de los ingresos de la RFEF".

Dos meses después, concretamente el 25 de diciembre, el entonces presidente del CSD, José Manuel Franco, concluyó que Rubiales había "respetado el procedimiento legalmente establecido" y rechazó  elevar el asunto al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) 

Siempre según 'El Mundo', "la decisión de Franco se enmarcó en la estrategia gubernamental  de proteger en ese momento a Rubiales bajo el argumento de que había que preservar el equilibrio del fútbol español, manteniéndolo en su posición a pesar de los escándalos que ya empezaba a protagonizar el presidente".