El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, reconoció que el Ministerio Público está sobrepasado en su capacidad operativa, al ser consultado sobre la demora en investigar las denuncias relacionadas con los presuntos sobres con dólares que habrían circulado en Mburuvicha Róga durante el gobierno de Santiago Peña. Sus explicaciones, sin embargo, no despejaron los cuestionamientos sobre la falta de actuaciones oportunas en un caso que involucra al entorno del anterior mandatario.
La denuncia ingresó a la Fiscalía en octubre de 2025, pero hasta mayo de 2026 todavía no tenía un equipo fiscal asignado. Durante una entrevista con Radio Monumental 1080 AM, Rolón justificó esa demora señalando que, en un primer momento, no existían elementos materiales suficientes para sostener las sospechas. Según explicó, inicialmente se hablaba de sobres con dinero, pero no había evidencias que permitieran confirmar su existencia.
El titular del Ministerio Público sostuvo que la situación cambió a partir de los elementos obtenidos en los recientes registros y allanamientos vinculados con las investigaciones sobre Ueno Bank. Indicó que ahora existen nuevas aristas que deben ser procesadas y analizadas por los investigadores. No obstante, evitó precisar por qué durante meses no se avanzó en las diligencias necesarias para esclarecer las denuncias originales.
"Yo no vine aquí a taparle a nadie", afirmó Rolón, al rechazar las insinuaciones de que la institución habría protegido a los involucrados o incurrido deliberadamente en omisiones. Agregó que las investigaciones deben sustentarse en evidencias verificables y no solamente en sospechas, y anunció que mantendrá reuniones con los fiscales responsables para definir los próximos pasos.
Otro aspecto que permanece pendiente es la intervención en Mburuvicha Róga, residencia presidencial donde presuntamente habrían ocurrido los hechos. Consultado sobre la ausencia de un allanamiento en el lugar, Rolón respondió que los investigadores deberán evaluar si ese procedimiento aportaría elementos relevantes a la causa. Hasta el momento de sus declaraciones, la residencia no había sido allanada, pese a los procedimientos realizados en propiedades de Peña en San Bernardino.
Falta de recursos
Para explicar las dificultades de la institución, Rolón señaló que la Fiscalía cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales para todo el país y enfrenta carencias de presupuesto, tecnología y logística. Sostuvo que las investigaciones económicas demandan un trabajo complejo de revisión documental y análisis de registros financieros, mientras que las unidades especializadas disponen de equipos reducidos para atender múltiples causas.
También defendió el trabajo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), cuyos equipos, según describió, están integrados por pocos agentes fiscales y colaboradores. Aseguró que los investigadores llevan jornadas de trabajo prolongadas y que la cantidad de documentación acumulada en las denuncias exige tiempo para su procesamiento.
El fiscal general insistió en que las limitaciones operativas fueron planteadas durante los últimos tres años y pidió comprensión ante la situación de la institución. Sin embargo, sus argumentos no responden al cuestionamiento central: por qué una denuncia presentada en octubre de 2025, que involucraba al entonces jefe del Poder Ejecutivo y a su entorno familiar, permaneció durante siete meses sin un equipo fiscal asignado.
