Parasur SA, de Diego Yaluk, consiguió solo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2013 quedarse con 125 licitaciones públicas para la provisión de artículos informáticos en diferentes instituciones, por un valor total de unos US$ 23 millones. Existe la fuerte sospecha de que algunas licitaciones estaban dirigidas. El último contrato con el Estado fue de abril de 2023 (época de Mario Abdo Benítez), por G. 4.050.000.000, para la Adquisición y Montaje de Centro de Datos Modular del Ministerio de Trabajo.

La forma en que actuaba el empresario y rallista era conseguir licitaciones importantes con el Estado. Supuestamente captaba fondos para presentarse y ganar las licitaciones, para lo cual prometía ganancia a sus “inversores”. A estos, presuntamente, les planteaba elegir un paquete de licitaciones y un retorno/margen de ganancia de 11% en seis meses. Sin embargo, al parecer no todos lograban recuperar el dinero invertido.

Fue así que se presentaron denuncias en contra de Yaluk por estafa. Actualmente el mismo tiene en su haber cuatro procesos penales abiertos por diferentes delitos. En uno de los casos había sido declarado en rebeldía por el juez José Delmas por no presentarse a su audiencia, pero luego se levantó la medida tras comparecer ante el juzgado del magistrado interino Rolando Duarte.

La fiscal Esmilda Álvarez, quien interviene en el caso tras la recusación a sus colegas, explicó que en este proceso el empresario había logrado llegar a un acuerdo con los demandantes, al prometerles entregarles un inmueble de su propiedad, pero tras aplicarse la suspensión condicional del procedimiento, el procesado beneficiado con la medida incumplió lo prometido.

La agente fiscal comentó que en la audiencia ante el Juez Penal de Garantías, donde ella ratificó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento que había pedido el fiscal anterior de la causa, se enteró que el acuerdo entre las partes se había incumplido. Es por ello que solicitó que el expediente vaya a la Fiscalía General, para que esta instancia decida si el caso se eleva a juicio o finalmente se otorga el sobreseimiento del empresario. El Fiscal General tiene un plazo hasta el viernes para tomar una decisión y se prevé que la próxima semana se realice la audiencia a Yaluf en este caso.

Por otro lado, esta misma agente fiscal recibió otra denuncia recientemente contra Yaluf por otro caso de estafa, de 400 millones de guaraníes. Según explicó, la supuesta víctima denunció que el empresario le transfirió los derechos de unas facturas que tenía por cobrar a la Entidad Binacional Itaipú, pero que no pudo efectivizar porque ese dinero ya estaba embargada en otro juicio ejecutivo entablado por otro de los afectados del investigado por la justicia.

“Él hace una transferencia de los derechos que les corresponden sobre unas facturas que tenía que cobrar en Itaipú. La entidad me informa que esos haberes aparentemente él ya los vendió, por lo que la transacción no se concreta. Las personas que le entregaron a él el dinero por los derechos sobre esas facturas que deberían ser cobradas, no pudieron cobrar porque ese dinero ya estaba en la cuenta de otras personas que también iniciaron otro juicio contra el empresario”, detalló la investigadora.

La Fiscal mencionó que esta causa tendrá su proceso y posiblemente será imputado.

Consultada sobre el aparente modus operandi de la forma en que el empresario Yaluf captaba dinero de los interesados en invertir en licitaciones con el Estado, respondió no tener información al respecto, ya que el primer caso recién lo tomó ya en su etapa final tras la recusación de sus colegas que intervinieron al principio.

Además de esas causas, el empresario está siendo investigado por la fiscal Susy Riquelme e igualmente tiene otro caso por aparente estafa que se tramita ante el juez Yoan Paul López.