Los fiscales federales en Florida acusan a Díaz Guillén, de 48 años, de aceptar sobornos de un magnate de los medios para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella era la directora de la Oficina Nacional del Tesoro hace una década.

Después de ser extraditada desde España, Díaz compareció ante el juez William Matthewman en la corte federal en West Palm Beach, con grilletes y un uniforme azul de prisión. No habló y su abogada Marissel Descalzo dijo que no iba a hacer comentarios. El juez fijó para el martes una audiencia sobre una fianza.

La Corte Nacional de España aprobó la extradición de Díaz Guillén en octubre pese a los intentos de ésta de bloquearla, con el argumento de que ella podía responder a los cargos en España, donde también se ha realizado una investigación. La corte española decidió que las acusaciones eran diferentes y que la investigación estadounidense era mucho más amplia.

El esposo de Díaz, el exjefe de seguridad de Chávez, Adrián Velásquez, también enfrenta cargos. Velásquez espera extradición a Estados Unidos luego de agotar sus apelaciones ante la Corte Nacional.

Díaz y su esposo están acusados de aceptar al menos 4,2 millones de dólares como parte del plan de sobornos.

Los fiscales dicen que, a cambio de los pagos, Díaz le garantizó al empresario Raúl Gorrín, dueño de la última cadena privada grande de televisión en Venezuela, Globovisión, los derechos a intercambiar más de 1.000 millones de dólares en divisas en Estados Unidos a nombre del régimen venezolano. La fiscalía dice que ellos y otros funcionarios cercanos a Chávez obtuvieron centenares de millones de dólares en ganancias.

Gorrín sigue en Venezuela y está en la lista de personas más buscadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Washington le impuso sanciones a su red televisiva en 2019.

Los documentos en la corte muestran que la pareja transfirió millones de dólares fuera Venezuela, comprando barras de oro por intermedio de una compañía fachada en el Caribe y guardándolas en una bóveda bancaria en Liechtenstein.

FUENTE: Con información de Europa Press