El presidente del Senado, Óscar "Cachito" Salomón (ANR, oficialista) junto con otros senadores del cartismo y de la oposición terminaron dejando sin quórum la sesión para no tratar el controvertido proyecto de ley que pretendía despilfarrar US$ 940 millones.

El presidente del Senado, Óscar "Cachito" Salomón (ANR, oficialista) junto con otros senadores del cartismo y de la oposición
terminaron dejando sin quórum la sesión para no tratar el controvertido proyecto de ley que pretendía despilfarrar US$ 940
millones.

Pese a la insistencia de varios senadores para votar de forma nominal e incluso llamar la lista, la sesión quedó sin quórum. Varios oficialistas con apoyo incluso de luguistas y cartistas revirtieron su voto y lograron que otros senadores se sumen (ver infografía).

Entre los senadores cartistas ausentes figuran: Martín Arévalo, Antonio Barrios, Juan Carlos Galaverna, Juan Darío Monges y Silvio “Beto” Ovelar. Mientras que del bloque del Frente Guasu se ausentaron Carlos Filizzola, Pedro Santa Cruz y Fernando Lugo, quien sigue con permiso por enfermedad. Para la media sanción en el Senado sólo cinco senadores habían votado por el rechazo y esta vez para lograr la ratificación de la sanción requerían de 23 votos.

Senadores que se ausentaron permitiendo aceptación del veto mediante la inminente sanción ficta

En horas de la mañana, ya el senador Enrique Riera (ANR, cartista) perdió su primer round al no reunir los votos para adelantar como primer punto el controvertido proyecto de ley. Los senadores Riera, Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG), Abel González (PLRA), y Tony Apuril (Partido de la A), principales promotores de la norma perdieron el apoyo de sus colegas.

Las consecuencias que pudieron generar

El Ministerio de Hacienda al igual que Itaipú Binacional habían alertado de las graves consecuencias que podría carrear para la macroeconomía del país la puesta en vigencia de una ley que pretendía compensar a 16.000 supuestos exobreros, en cuya lista estaban desde funcionarios hasta seccionaleros. Como una de las primeras consecuencias en caso de que el Fisco deba incurrir en el pago, señalaron que los fondos recibidos de Itaipú, debían ser destinados por un periodo de tres años dejando sin financiamiento a los gobiernos departamentales, municipios, Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, Capitalización de AFD y Fondo Nacional de Salud.

Mencionaron que podría verse afectado el programa de Adultos Mayores, que sólo en este año se transfirieron cerca de US$ 238 millones para un total de 280.000 beneficiarios de tercera edad y que para no afectar los actuales programas sociales, gastos sensibles y la inversión pública, otra medida de política económica que iba a impactar a toda la población era el incremento del IVA del 10% al 11%, según estimaciones, aumentaría la recaudación en unos US$ 202 millones, resalta el informe.

Asfixia a municipios y gobernaciones

Si el controvertido proyecto entraba en vigencia, los municipios y gobernaciones iban a quedar prácticamente sin fondos ya que en gran parte dependen de los royaltíes y Fonacide, puesto que los ingresos generados por tasas e impuestos municipales no superan el 10% en promedio del total de ingresos de las municipalidades, incluso en los de bajos niveles de recauda