El escándalo que involucró al juez de ejecución del primer turno de Ciudad del Este, Troadio Galeano, estalló en los primeros días de diciembre del año pasado. El caso “reventó” luego del asalto a un minimercado en Presidente Franco, en donde malvivientes se alzaron con unos G. 30 millones. Gracias a filmaciones de circuito cerrado, se pudo determinar que uno de los asaltantes fue Richard Darío Benítez Pereira, de 27 años, quien tiene una condena de 23 años de prisión y, en teoría, debía estar recluido en la cárcel de Ciudad del Este. Sin embargo, gracias a la sugestiva “benevolencia” del juez Troadio Galeano, Benítez Pereira contaba con un “permiso transitorio” los fines de semana para ir a su casa.

A raíz del escándalo que tomó estado público, la agente fiscal de la unidad 1, Liliana Denice Duarte, ordenó el allanamiento de la cárcel regional. En la celda Vip ocupada por el peligroso delincuente fueron halladas diversas evidencias que lo vinculan con el mencionado atraco y con otros ilícitos. Así también, la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del malviviente, en donde encontraron el calzado y el kepis utilizados en el asalto al minimercado, por lo cual no existe ninguna duda de que participó del atraco millonario. A raíz de las concluyentes evidencias, a regañadientes, el juez tuvo que revocar la medida judicial y el delincuente volvió a la cárcel. Además, el magistrado intentó justificar su lamentable actuación con excusas traídas de los pelos, que no convencerían ni siquiera al más mentecato.

Troadio Galeano, juez de ejecución de primer turno de CDE.

Hoy, a más de un mes de aquel nefasto caso, que además sienta un peligroso precedente en lo jurídico, el JEM ni siquiera se dignó a pedir informes sobre el escándalo. Tampoco el Consejo de la Magistratura o la propia Corte Suprema de Justicia tomaron alguna determinación, por lo cual el juez Troadio Galeano sigue campantemente “impartiendo justicia”, sin haber sido siquiera apercibido por su pésima actuación. Esto da la pauta que los jueces son verdaderamente “omnipotentes” y difícilmente sean sancionados por los organismos superiores, que están todos “complicados” en una maraña de corrupción e impunidad, en donde “una mano lava a la otra”.

En este caso particular, además debió haber tomado intervención también la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), porque en la causa se habían ofrecido garantías reales, que tampoco fueron ejecutadas por el negligente juez, quien se caracteriza como “muy fiera” para otorgar medidas alternativas a personas de escasos recursos, sin embargo los “peces gordos” no tienen problemas para obtener beneficios. Cabe recordar el caso de un recluso que sufrió una descarga eléctrica mientras hacía trabajos de manualidades en la penitenciaría regional de CDE. El mismo quedó con severas secuelas neurológicas (quedó prácticamente en estado vegetativo), por lo cual sus familiares pidieron la modificación de formalidad de la prisión, pero el juez Troadio Galeano nunca contestó el pedido ni los recibió, por lo cual incluso se estudió en denunciarlo ante el JEM y la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.