En la comunidad Aché Cerro Potĩ, en San Joaquín, Caaguazú, por ejemplo, enfrentan problemas con sus sistemas de distribución de agua. Los pozos artesianos existentes no funcionan adecuadamente, y el equipamiento está en mal estado. Además, la escuela carece de infraestructura básica como ventiladores, crucial para mitigar el intenso calor de febrero, y necesita más aulas para satisfacer la demanda de matrícula.

En Yrybucua, San Pedro, la situación es similar. Las escuelas de la comunidad Ava Guaraní carecen de pozos artesianos o aljibes, dependiendo de un sistema comunitario para su suministro de agua. A esto se suma la falta de aulas adecuadas para la cantidad de estudiantes inscritos. Incluso, el almuerzo escolar, un servicio vital, se ha visto limitado a solo dos escuelas y solo a partir de septiembre del año pasado.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) ha revelado cifras alarmantes: en todo Paraguay, 2.294 instituciones educativas operan con pozos artesianos, 186 con aljibes y 33 con tajamares. Miguel Marecos, líder del Sinadi, ha criticado el contraste entre estas deficiencias y el gasto público en artículos de lujo, como la reciente compra de “sillas de oro” por parte del Congreso.

Según datos del MEC, alrededor de 2.000 centros educativos están en mal estado y 516 aún utilizan letrinas. Estas cifras contrastan con los gastos exorbitantes en mobiliario por parte del gobierno, lo que ha generado indignación entre los directores de escuelas y la sociedad civil.

Este escenario refleja una discrepancia significativa entre las necesidades educativas de las comunidades indígenas y las prioridades del gobierno. Mientras las escuelas luchan por recursos básicos, el gobierno parece centrarse en compras de alto costo que no contribuyen a la mejora de la educación.

Fuente: ABC Color