Los beneficiados fueron los españoles Guillermo Casado de Amezua Lasso y Álvaro Lasso Génova, quienes fueron favorecidos con la resolución de la Sala Constitucional, que anuló la elevación a juicio oral del ex juez Hugo Sosa, el fallo del Tribunal de Apelación que lo ratificó y la acusación fiscal.

Sin embargo, pese al pedido similar realizado por la defensa del ex ministro Rafael Filizzola, la magistrada no lo admitió debido a que está pendiente de resolución una acción similar a la de los españoles en la Sala Constitucional de la Corte.

En su fallo, la magistrada hizo lugar a la extinción de la acción penal deducida por la defensa de los españoles. Además, también sobreseyó a los mismos, y ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares.

La jueza Ruiz Díaz, en su fallo, tuvo en cuenta la resolución de la Corte que anuló las resoluciones que elevaron la causa a juicio oral, y a la vez anuló la acusación del Ministerio Público por falta de indagatoria previa.

“Considero que corresponde hacer lugar a la extinción de la acción y el sobreseimiento, puesto que no existe juicio sin acusación...”, alega la jueza.

Indica que en el caso, una acusación inconstitucional no puede ser apta para provocar la apertura a juicio. Dice que en el caso, la acusación sí fue presentada y no existe un trámite que permita sanear su nulidad y salvar los vicios formales de la acusación.

Con ello, dice que llega a la conclusión de que el Ministerio Público no podrá salvar la nulidad provocada y declarada por la Corte.

Sobre Filizzola, su defensor dice que pidió a la Corte que se declare inoficiosa su acción, ya que fue resuelta la de los españoles y lo beneficia.