La ex directora del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen, había denunciado en febrero del 2019 que la finca 1.638, que la institución compró en administraciones anteriores solo figuraba en papeles.

La denuncia fue presentada ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, pero el actual titular, Édgar Olmedo, inició acciones civiles por nulidad de títulos superpuestos a dicha finca, ubicadas en el distrito de Mariscal López, de Caaguazú, e Itakyry, del Alto Paraná.

“Lo que nosotros lamentamos es cómo el Indi y las autoridades del Senado y la Municipalidad están instigando a la invasión de las tierras tituladas por una entidad del Gobierno, existiendo una denuncia por supuesta compra irregular del inmueble realizada por la anterior presidenta del Indi”, afirmó ayer la abogada Michelle Betancourt, quien defiende a los pobladores de Tape Yke.

El Estado pagó G. 2.346.497.695 por 1.364 hectáreas y fue inscripto el 11 de setiembre del año 2008 por el Indi como finca 1.628, padrón 1.933, conforme a los datos revelados entonces por Ana María Allen, es titular del Indi. “No se ubican las tierras, según Catastro. En su informe final dicen: Existe el papel, el título, no existe la tierra”, dijo esa vez, cuando también lamentó que los nativos sufren constantes desalojos a consecuencia de dicha compra irregular.

Ese mismo año fue reconocida la comunidad Ka’a Poty, liderado por Marta Díaz de Goncalves, quien anteriormente era miembro de la comunidad de Mariscal López de Itakyry, donde su hija aparece como docente del Ministerio de Educación y Ciencias, conforme con los antecedentes.

Actualmente, la comunidad Ka’a Poty fue reubicada en inmuebles reclamados por pobladores de la colonia Tape Yke, afectados por la superposición de títulos, que cuentan con títulos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

La comunidad fue desalojada de la propiedad de la ex fiscala Liz Alfonso, el 14 de junio del 2021, pero reubicada en agosto pasado en tierras de los vecinos, Alberto Notto, Pedro Torras y Cayo Alfonso, con una orden judicial firmada por la jueza de Asunción, Alejandra Magali Zavala Ríos, existiendo una medida cautelar de protección sobre dichos inmuebles firmada por la jueza Ana Giménez de Itakyry.

APOYO INSTITUCIONAL. Instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Municipalidad de Itakyry, se encuentran proveyendo materiales para que los nativos de la comunidad Ka’a Poty construyan viviendas en las tierras otorgadas por el Indert a los vecinos de Tape Yke, existiendo una nueva orden de desalojo contra los nativos, conforme a las denuncias de los afectados.

El intendente local, Carlos Miguel Soria había lanzado un comunicado de apoyo a los nativos tras el desalojo en junio pasado. Habló del respeto a la propiedad privada y lamentó el desinterés del Indi en el manejo del caso, exigiendo que los nativos sean reubicados en el lugar que ocuparon de buena fe, desconociendo los títulos otorgados por el Indert, que es otra institución estatal afectada por la superposición de títulos.