Según el escrito, el suboficial inspector Carlos Javier Orue habría extraído información del teléfono celular del exdiputado Eulalio Gómez el 22 de agosto de 2024, tres días después de su fallecimiento durante un allanamiento, sin contar con una autorización judicial previa.
La denuncia también señala a los fiscales Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez, quienes supuestamente habrían utilizado el informe pericial cuestionado para sustentar actuaciones dentro de la causa penal.
El denunciante sostiene que una autorización judicial posterior habría sido utilizada para justificar retroactivamente el procedimiento y cuestiona la cadena de custodia de las evidencias digitales.
