Los ciudadanos denuncian varias supuestas irregularidades en perjuicio del patrimonio comunal detectado por la Contraloría General de la Republica (CGR) en el año 2019. Por mayoría, la Junta Municipal solicitó la intervención en el Ministerio del Interior, pero sin mayores novedades hasta el momento.
 
De acuerdo con los manifestantes, la intendenta de la Municipalidad de Repatriación, Beatriz Burgos de Torales, cometió varias supuestas irregularidades en perjuicio del patrimonio municipal.

Liliana Jara Ruiz, coordinadora de la Contraloría Ciudadana local, señaló que esta medida de fuerza tiene el objetivo de exigir la intervención inmediata de la gestión de la jefa comunal.

Argumentan que la Contraloría detectó varias irregularidades a través de una auditoria realizada el año pasado. Indicaron que las anomalías están enmarcadas en obras presuntamente sobrefacturadas.

Por su parte, la intendenta municipal dijo que la auditoria detectó fallas menores en la administración que ya fueron corregidas y que actualmente la medida de fuerza de estos ciudadanos obedece a pretensiones políticas apuntando a las elecciones municipales del 2020.

Lamentó que niños y adolescentes indígenas sean arreados para la protesta. El ingreso a la Municipalidad está controlado por los manifestantes. Solo algunos funcionarios pudieron cumplir con sus labores, mientras que la jefa comunal realiza oficina en su domicilio.

La policía reforzó el trabajo de custodia, atendiendo a que los ánimos se han exaltado.