El exintendente de Lambaré, Armando Gómez, fue convocado nuevamente a declarar ante el Ministerio Público en el marco de una causa que investiga un supuesto esquema de fraude mediante anulaciones de facturas. La Fiscalía le atribuye participación en una red que habría causado un perjuicio de aproximadamente G. 10.000 millones a las arcas municipales.

Gómez, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y exacción, negó categóricamente haber liderado o creado el sistema de anulación irregular. Aseguró que las operaciones en el software de recaudación eran atribuciones exclusivas de los departamentos de Administración, Informática y Tesorería.

El esquema investigado habría operado entre 2019 y 2021, tras la implementación de un Sistema de Gestión Tributaria. Según la imputación, los comprobantes eran anulados en horarios no habilitados, utilizando accesos especiales. Los montos pagados por los contribuyentes no ingresaban finalmente a la Municipalidad.

Una auditoría reveló que se realizaron 9.584 anulaciones, de las cuales al menos 6.615 serían irregulares. La sospecha principal es que los pagos eran registrados en el sistema, pero luego se eliminaban, lo que evitaba que el dinero fuese depositado.

El fiscal Francisco Cabrera informó que la investigación fue ampliada por presunta estafa mediante sistemas informáticos, hurto y alteración de datos, ante la posibilidad de que los datos fiscales hayan sido manipulados para encubrir el desfalco.

Además de Gómez, están siendo investigados otros exfuncionarios, como Roberto Paredes, Rodrigo Portillo, Ricardo Ricciardi y Édgar Villalba. Este último fue convocado a declarar desde España, donde reside actualmente. La lista de testigos también incluye a Sonia Notario y Walter Belotto.

El abogado Arístides Duré, querellante en la causa, expresó preocupación por la falta de medidas restrictivas para Villalba, quien sigue en el extranjero pese a estar vinculado a la estructura informática del esquema.

El caso continúa en etapa de recolección de pruebas. La acusación formal contra Gómez y los demás imputados podría ser presentada el próximo 17 de julio, mientras se analizan nuevos elementos relacionados al uso del sistema informático y el perjuicio económico causado.

Fuente: Última Hora