La jueza federal Lauren Luis dictaminó que hay “causa probable para creer” que Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, “cometió los delitos imputados en la denuncia de extradición”, según la orden presentada el 8 de noviembre.

Duarte está acusado de malversar, entre 2011 y 2014, más de 96 millones de pesos mexicanos (unos US$5 millones) de fondos públicos mediante una extensa red de corrupción que buscaba “desviar dineros públicos hacia empresas directamente vinculadas a él”, según los cargos que las autoridades mexicanas presentaron en su contra en 2019.

Entre las entidades que Duarte presuntamente utilizó para blanquear activos se encuentra la oficina de un importante sindicato de ganaderos en el norte de Chihuahua, del cual fue accionista y presidente de la junta.

La jueza señala por escrito que la evidencia aportada por el gobierno, que incluye la declaración de testigos y registros gubernamentales y bancarios, es “suficiente [...] para sustentar las acusaciones en [su] contra”.

El Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos arrestó al exgobernador en julio de 2020 en Miami. Las autoridades estadounidenses señalan que César Duarte, quien ejerció el cargo entre 2010 y 2016, “huyó de México después de ser acusado de fraude y corrupción, y permaneció prófugo durante más de tres años hasta que fue arrestado”.

Duarte no será extraditado de inmediato, pues es casi seguro que él y su equipo legal impugnarán el fallo. Por el momento, continúa preso en el estado de Florida.