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2022-05-06
Extradición de Otoniel anuncia el fin de una generación de traficantes colombianos
La extradición del imputado jefe narco colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, a Estados Unidos, pone fin a una era de traficantes templados en el fragor del conflicto civil del país.

Úsuga fue imputado formalmente el 5 de mayo en un tribunal de la ciudad de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos de participar en una empresa criminal y conspirar para fabricar y distribuir cocaína. La jueza estadounidense Vera Scanlon ordenó que Úsuga estuviera detenido sin fianza, señalando que representaba un "riesgo significativo de no comparecencia".

Un día antes, las autoridades colombianas hicieron entrega a agentes antinarcóticos estadounidenses del veterano comandante del clan narcotraficante de Los Urabeños, quien llevaba décadas eludiendo la justicia y había sido declarado el traficante más buscado hasta su captura a finales del año pasado. Las fotografías de Otoniel en un avión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo mostraron esposado con la cabeza entre las manos.

Úsuga ha estado en el radar de los fiscales estadounidenses desde hace más de una década, con imputaciones de tres tribunales de ese país, dos en Nueva York y uno en la Florida.

En una imputación presentada en el distrito este de Nueva York en 2015, los fiscales señalaban a Otoniel como el principal líder de Los Urabeños, también conocidos como Clan del Golfo. El documento detallaba que en el lapso de nueve años —de 2003 a 2012— el grupo traficó alrededor de 75 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Los fiscales también señalaron en el acta de imputación que el grupo coordinaba la “producción, compra y transporte” de cargamentos de cocaína y que cobraba impuestos sobre la cocaína que circulaba en las áreas controladas por ellos.

En un nuevo documento de la corte que solicitaba que se mantuviera a Úsuga privado de la libertad en espera de juicio, los fiscales lo acusaron de una larga lista de crímenes violentos, entre los que enumeraron el ofrecimiento de recompensas por miembros de las fuerzas de seguridad, homicidio de traficantes rivales e intento de envenenamiento con cianuro de un testigo, mientras este se encontraba preso en el exterior. También intentó asesinar al abogado del testigo, puntualizaron los fiscales.

Los fiscales ilustraron el poder de fuego de su agrupación con tres decomisos de armamento realizados en enero de 2021. El arsenal incluía fusiles de asalto Galil, AK-47 y M-14; granadas propulsadas por cohetes, 1.000 rondas de municiones y revólveres.

Úsuga asumió “poder y control territorial” sobre vastas extensiones de la costa colombiana, añadieron los fiscales.

Úsuga fue imputado por primera vez en 2009 junto con su hermano Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad en 2012.

Otoniel fue capturado en octubre de 2021 en un operativo del ejército en el que participaron más de 1.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y 22 helicópteros en el Nudo de Paramillo, al norte de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. Los últimos meses los había pasado huyendo de las fuerzas de seguridad en la selva tropical de la cordillera occidental, moviéndose entre campamentos y propiedades rurales.

Después de más de seis meses en custodia, Úsuga fue extraditado el 4 de mayo, después de que el Consejo de Estado, la instancia judicial más alta de Colombia, revirtiera su decisión de impedir su traslado. Las víctimas habían apelado ante este tribunal para detener la extradición del capo alegando violación de los derechos de estas.

Otoniel había comparecido varias veces ante la Comisión de la Verdad para declarar sobre el accionar de su grupo en las últimas décadas, lo que incluyó explosivas acusaciones de vínculos con políticos y otros altos funcionarios.

En Colombia, hay 500 procesos legales abiertos contra Úsuga por presuntos delitos cometidos entre 2007 y 2021, informó El Colombiano. También enfrenta una pena de prisión de 40 años en el país por la masacre de Mapiripán, perpetrada en 1997, cuando los paramilitares asesinaron brutalmente a unos 30 civiles.

Las acusaciones en su contra en Estados Unidos lo harán acreedor a una sentencia de cadena perpetua, según estipulan las leyes federales. Pero para cumplir con el acuerdo de extradición de Colombia con Estados Unidos, solo puede recibir una pena máxima de 60 años si llega a ser condenado.




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