René Fernández fue el fiscal que estuvo a cargo de la investigación del caso Detave, que involucra a ex funcionarios, entre ellos quien fuera su director, el general retirado Ramón Benítez.

El caso tuvo un revés tras la decisión del Tribunal, integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Oscar Rodríguez Kennedy, quienes anularon un oficio dictado por el juez penal de garantías, José Agustín Delmás, que elevaba el caso a juicio oral, así como la audiencia preliminar del 11 de mayo pasado.

El Tribunal también ordenó la exclusión, por ilegales, de las evidencias de apoyo a la acusación, entre ellas el informe final análisis/interpretación del caso Brillante, realizado en el 2019.

Ante la situación, el actual ministro y ex investigador consideró que le llama la atención la “liviandad y falacidad” de los argumentos del Tribunal, ya que todas las evidencias que se presentaron se realizaron con autorizaciones judiciales.

Fernández insistió en que la intervención fiscal de todo el caso se plasmó con base en autorización judicial e incluso destacó que fue uno de los pocos casos que conllevó una escucha telefónica de 45 días aproximadamente.

“La escucha permanente permitió la incorporación de un universo de conversaciones que brindaron elementos de prueba para la imputación y acusación”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que todos los procedimientos que se realizaron fueron en el marco de los plazos judiciales y todo fue informado a los jueces encargados.

El juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, había elevado a juicio oral el caso Detave en mayo pasado, luego de que la Fiscalía acusara al ex director del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Ramón Benítez Amarilla, como también contra Blas Roberto Cabañas, Óscar José Samudio, Alan Javier Núñez, Porfirio Figueredo, Luis Carlos Prudhomme, Carlos Alfredo Caballero, Diego Eduardo González, Baldomero Barrios, Nelson Dani Dielma, Alberto Andriotti y Fredy Gauto.

Los funcionarios presuntamente solicitaban a las personas que ingresaban al territorio nacional en forma clandestina productos como frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros, sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia correspondiente de lo hallado.

Entre tanto, la defensa atacó las grabaciones y la acusación del Ministerio Público, solicitando la nulidad del proceso y, en consecuencia, que sean sobreseídos, mientras que el Ministerio Público se ratificó en elevar a juicio oral y público el caso.