Es sabido la afinidad que la “representante de la sociedad” tiene con la Policía Nacional, pues su pareja sentimental es el subcomisario Fabio Santacruz, quien, hasta hace poco, estuvo como jefe del Departamento Antisecuestros, regional Alto Paraná. Ayer, en una decisión bastante parcialista, la fiscal Zunilda Ocampos imputó al suboficial principal Pedro Javier López Deleón; suboficial inspector Antonio Ávalos Pereira; suboficial 1º. Francisco Prieto Montiel y al suboficial 2º Alcides Villalba Goazález, por los hechos punibles contra la libertad de las personas (privación de libertad – Art. 124); Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185); Contra el abuso en ejercicio de las funciones públicas – Cohecho pasivo agravado (Art. 301), todos calificados en el Código Procesal Penal como delitos. En tanto, el presunto usurero, Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, fue procesado en rebeldía por los hechos punibles contra la libertad de las personas (Privación de libertad – Art. 124) y Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), en carácter de cómplice.

ARRESTO DOMICILIARIO

Para los presuntos policías corruptos, la agente fiscal solicitó el arresto domiciliario, y ahora los denunciantes temen por su vida, ya que se sabe que nadie cumple con las prisiones domiciliarias. En tanto, el presunto usurero, Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, quien no se presentó ante el Ministerio Público, ordenó su detención.

CRIMEN

La fiscal Zunilda Ocampos, vergonzosamente, se rebuscó en el Código Procesal Penal, artículos y más artículos, para minimizar la atrocidad que cometieron los agentes de la comisaría 7ª. Los imputó por delitos menores, como para no enviarlos a prisión. Expertos en Derecho Procesal Penal, incluso, algunos agentes fiscales, colegas de Ocampos, lamentaron la decisión de la misma y sostuvieron que, desde cualquier punto de vista, los policías cometieron varios crímenes, empezando por el Art. 186: Extorsión agravada, que se encuadra en todo lo denunciado por las víctimas. Dicho artículo dice taxativamente que “cuando la extorsión se cometiera mediante la fuerza contra una persona o mediante la amenaza de un peligro presente para su vida o su integridad física, donde se prevé un marco penal de uno a quince años de pena privativa de libertad, es decir, se trataría de un crimen porque el marco penal supera los cinco años de pena privativa de libertad”. Sin embargo, la fiscal solo los procesó por el Art. 185 (Extorsión) que es delito.

Aparentemente, la fiscal Zunilda Ocampos “se olvidó” de imputarlos también por asociación criminal, Art. 239, que dice: “El que creara una asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo dirigida a la comisión de hechos punibles, donde perfectamente se subsume la conducta de los agentes policiales, quienes en contubernio cometieron los hechos denunciados, al momento que prestaban funciones en la dependencia policial mencionada, donde cada uno de ellos cumplía una función y la cantidad de denuncias que existen en contra del actuar de los agentes de dicha comisaría”.

HABRÍAN NEGOCIADO

Según fuentes, la agente fiscal Zunilda Ocampos y su asistente fiscal Romina Benítez, habrían negociado con los policías, y supuestamente cobraron una millonaria suma para no meterlos presos a todos. En una fotografía captada por un reportero de este medio incluso muestra a la referida asistente, que es mano derecha de la representante de la sociedad reuniéndose con los agentes de la referida dependencia policial el día lunes, mientras que prohibieron la entrada del abogado Ramón Rodas. En ese instante, se habían dado las primeras conversaciones para blanquear los uniformados implicados en el caso.

EL CASO

Según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía por el abogado Ramón Rodas, representante legal de los denunciantes, Gabriel Ramón Prieto Medina y Víctor David Meza, quienes estaban a bordo de un automóvil Toyota Allion, color plateado, y alrededor de las 01:00, fueron abordados por agentes de la comisaría 7ª en inmediaciones de la parroquia San Lucas del barrio del mismo nombre. Los intervinientes llevaron a los jóvenes hasta la sede policial a punta de arma de fuego y luego los metieron al calabozo, supuestamente por violar el decreto presidencial de cuarentena sanitaria. Allí empezaron a exigirles G. 7 millones a cambio de liberarlos y no plantar droga en el automóvil, propiedad de Prieto Medina. 

Ante esa situación, uno de los jóvenes llamó a su novia, mientras que el otro a su madre, sin embargo, sus familiares no pudieron reunir el dinero requerido por los supuestos polibandis y no se pudo cerrar la “negociación”.

EMPEÑO

Las horas pasaban y como ambos jóvenes no reunían el monto estipulado por los agentes intervinientes, los propios policías llamaron a un usurero de nombre Fernando, quien empeñó el automóvil por la suma de G. 5.000.000 y liberaron a las víctimas cerca de las 04:00, con el compromiso de que debían volver más tarde para abonar los G. 2 millones que faltaban. El oficial inspector Nicodemo Méndez, quien estaba de turno en el momento del hecho, dijo que no sabía nada, que se durmió alrededor de las 22:30 y se despertó nuevamente cerca de las 04:30 del lunes, y ninguno de sus subalternos le mencionó nada.

AUTO ABANDONADO

Alrededor de las 16:30 del lunes, el auto apareció como arte de magia en un lavadero de vehículos ubicado sobre la avenida Amado Benítez del barrio San Lucas. Según el encargado del lugar, un tal Fernando fue quien dejó allí para que lo lavaran. El rodado ya no tenía su chapa, pero aún así fue reconocido por el dueño.