Ambos deberán afrontar juicio oral por la comisión de varios hechos punibles como lesión de confianza y lavado de activos.
La investigación comenzó tras una comunicación de la Unidad de Narcotráfico, debido a los operativos realizados en el marco de la causa A Ultranza Paraguay, liderada por el fiscal Deny Yoon Pak.
Durante estos operativos, se incautó una embarcación de 42 pies AZ42 de procedencia brasilera, que resultó ser de Joaquín Roa.
Posteriormente, la Unidad de Narcotráfico informó a la Unidad de Delitos Económicos, iniciándose así una investigación fiscal sobre la participación de Roa y sus presuntos vínculos con Alberto Koube.
Se descubrió una sociedad entre Roa y Koube, basada en la adjudicación de licitaciones multimillonarias a Koube a través de empresas de terceros y propias, con el fin de obtener beneficios económicos.
Además, se entregó una embarcación valorada en USD 450.000, la cual, según la investigación, estaba respaldada por un contrato privado ficticio.
Estos elementos y circunstancias llevaron a un requerimiento conclusivo de acusación fiscal contra ambos.
Las licitaciones otorgadas por Roa alcanzaron un monto de G 16.000 millones.
Entre los perjuicios patrimoniales, se destaca una conducta de lesión de confianza, donde una de estas licitaciones causó un perjuicio de aproximadamente G 700 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional.
Se descubrió que chapas vendidas por una empresa asociada a Koube tenían un sobrecosto de casi 30% a 40%, concluyendo en un perjuicio patrimonial de G 716 millones.
El fiscal Corbeta enfatizó la abundancia de pruebas contra Roa y Koube.
La gravedad de los hechos y el impacto económico negativo en la SEN subrayan la importancia del juicio oral.
Este proceso determinará las consecuencias legales para ambos implicados en el esquema de corrupción.
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