Emiliano Rolón ya tomó postura contra la resolución del Senado que restituye los fueros a tres legisladores para blindarlos del proceso judicial. El fiscal general del Estado sostuvo que evalúan la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad y puso un plazo hasta el viernes próximo.

Indicó que es una situación nueva, sin precedentes, y que además la restitución de fueros no es una figura prevista en la legislación, comentó en contacto con Monumental 1080 AM.

“En la práctica, es una paralización abrupta de un proceso por un órgano que no es de juzgamiento. El órgano jurisdiccional o Poder Judicial es el que administra el proceso. Existen plazos pendientes que cumplir, en algunos casos decisiones que asumir en la Cámara de Apelación y la Corte Suprema, lo cual mereció una preocupación puntual nuestra porque definitivamente como parte que impulsa la acción debemos saber cuáles son las reglas”, precisó Rolón.

El fiscal general subrayó que es el juez el único que decide el derecho, por tanto, queda por saber si va a aceptar o no la resolución que hizo el Senado. Indicó que como Ministerio Público ellos ya asumieron la postura de que simplemente debe hacer caso omiso porque es un acto inválido. Insistió igualmente que está en el campo judicial decidir y no en el de la Fiscalía.

En cuanto a una eventual acción de inconstitucionalidad, Rolón aseguró que sí es posible que el Ministerio Público lo presente, “categóricamente”.

“Tenemos dos vías probables, excepciones que pueden plantearse en cada uno de los casos, lo cual viene a dispersar un poco la preocupación. O una acción, que es un procedimiento único ante la sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia e intentar en esa vía la suspensión de los efectos de la resolución”, expresó.

El fiscal se cuidó en declarar que todo se está examinando y que cada movimiento que va a hacer la Fiscalía debe ser razonadamente elegido y conforme a las reglas del Derecho. “Es posible que pidamos una medida cautelar de continuidad procesal en la propia acción”, añadió.

La Cámara de Senadores decidió revertir el desafuero de Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, lo que causó un caos jurídico por no tener antecedentes y por considerarse una intromisión en el proceso.

Tras las declaraciones de Santiago Peña, justificando la restitución de fueros, al indicar que la Fiscalía se atrasó en la acusación y que no encontró elementos en contra, el fiscal general sostuvo que el presidente se apresuró en opinar. Peña fue cuestionado por sus dichos errados, ya que la Fiscalía tiene tiempo para acusar hasta mayo.

Los diferentes expertos señalan que la decisión de la bancada de Honor Colorado es un atropello y representa un desorden jurídico.

Luis Lezcano Claude, ex ministro de la Corte, considera que los jueces de cada caso deberían omitir la resolución del Senado.

Señaló que la decisión de conceder el desafuero es definitiva, para un proceso determinado y por todo el tiempo que sea necesario para su tramitación; por lo tanto, no puede volverse atrás, como lo hizo el Congreso.

“Admitir que la Cámara de Senadores puede revertir un desafuero, implica aceptar que puede interferir en un proceso penal en curso, en cualquier etapa del mismo. Esto resulta ilógico, absurdo, arbitrario e inconstitucional”, sentenció Lezcano Claude.

Es una paralización abrupta de un proceso por un órgano que no es de juzgamiento. El Poder Judicial es el que administra.

Nuestra interpretación es que simplemente el juez debe hacer caso omiso porque es un acto inválido. Emiliano Rolón, fiscal general.

Blindaje. El Senado decidió proteger a Erico Galeano y otros al devolverles sus fueros.