La profesional del derecho denunció que el diagnóstico médico del Centro de Salud Regional de CDE que confirma la agresión sexual se extravió supuestamente por lo que se volvió a pedir y “el agente fiscal empezó a burlarse del señor mayor, le trató de borracho, es decir trató de minimizar el hecho y el agresor sexual es su compañero, supuestamente su amigo pero que formaba parte de la Iglesia” sostuvo y agregó que el sospechoso, identificado como Daniel Figueredo, habría manifestado que pagó G 35 millones “para que quede en el olvido” el caso.

Debido a que la causa en manos del fiscal Giménez no avanzaba, decidió plantear una querella autónoma contra el agresor sexual, por lesión y atropello de domicilio, “para buscar una especie de sanción ya que en la Fiscalía no encontrábamos ninguna salida”, causa en la cual consiguieron una condena de dos años con suspensión.

Refirió que incluso el fiscal de esta segunda causa, Manuel Rojas, se sorprendió de la falta de investigación y dijo que el hombre debía estar preso, pero hasta el momento sigue impune por la supuesta agresión.

Este caso fue expuesto por la profesional del derecho a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) durante el día de Gobierno desarrollado el viernes en Ciudad del Este.