La Fiscalía paraguaya solicitó formalmente el desafuero del defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, tras imputarlo por presunto desacato a una orden judicial emitida por el Tribunal de Cuentas. El caso surge a raíz de la negativa de reincorporar a una funcionaria permanente con cargo de directora general que había sido desvinculada de la institución, pese a existir un mandato judicial que ordenaba su restitución inmediata al cargo.

La solicitud fue presentada por la agente fiscal Mercedes Vera, titular de la Unidad N° 9 de la Sede 1, quien dirigió el requerimiento al Juzgado Penal de Garantías para que éste, a su vez, comunique a la Cámara de Diputados sobre la necesidad de iniciar el procedimiento constitucional de desafuero. Dicha acción resulta necesaria debido a las inmunidades que revisten al defensor del Pueblo en virtud de su cargo, las cuales impiden el avance del proceso penal sin la autorización legislativa correspondiente.

Los antecedentes del caso se remontan al 19 de junio de 2024, fecha en que el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo de la Primera Sala emitió un Acto Interlocutorio favorable a la funcionaria desvinculada. En dicha resolución, el órgano jurisdiccional dispuso la inmediata reposición de la afectada al cargo que ocupaba anteriormente, estableciendo como requisito una contracautela de un millón de guaraníes o su equivalente en póliza de seguro, garantía que fue debidamente constituida por la demandante.

La denuncia por incumplimiento del mandato judicial fue formalizada el 11 de septiembre de 2024, cuando la funcionaria afectada, a través de su representante legal, comunicó oficialmente al Tribunal de Cuentas sobre la persistente negativa de la Defensoría del Pueblo a acatar la orden de reincorporación. En dicha presentación se hizo constar además la existencia de una vacancia en la nómina de funcionarios de la institución, circunstancia que fue posteriormente corroborada durante las diligencias investigativas llevadas a cabo por el Ministerio Público.

El caso fue elevado a instancias superiores cuando el presidente del Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo de la Primera Sala remitió notificación oficial a la Fiscalía General del Estado el 25 de septiembre, solicitando la intervención del órgano acusador para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 4711/12, que regula el procedimiento ante situaciones de desacato a resoluciones judiciales. Esta comunicación formal activó los mecanismos legales que derivaron en la imputación contra el defensor del Pueblo.

En su escrito acusatorio, la fiscal Mercedes Vera fundamenta la existencia de “suficientes elementos de sospecha acerca de la supuesta comisión del hecho punible” tipificado como desacato, señalando que la conducta del imputado se ajusta a los presupuestos establecidos en la normativa penal vigente. La representante del Ministerio Público destaca que, pese a tener pleno conocimiento de la orden judicial, el defensor del Pueblo habría omitido deliberadamente su cumplimiento, configurando así la conducta antijurídica que se le atribuye.

El procedimiento de desafuero constituye un mecanismo constitucional que permite suspender temporalmente la inmunidad que protege a determinados funcionarios públicos, posibilitando que éstos sean sometidos a procesos judiciales en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. Con la solicitud formal presentada, corresponderá ahora a la Cámara de Diputados analizar los méritos del caso y decidir si autoriza el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ávila Macke, decisión que requerirá de mayoría cualificada conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento interno del órgano legislativo.

El caso ha generado expectativa en los círculos políticos y judiciales del país, no solo por tratarse de una acción dirigida contra el titular de una institución constitucional como la Defensoría del Pueblo, sino también por las implicancias que podría tener respecto al funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. Mientras tanto, la funcionaria afectada continúa sin ser reincorporada a su puesto, situación que persiste a pesar de contar con un pronunciamiento judicial favorable a sus pretensiones.

Fuente: ABC Color