Durante la audiencia de hoy, la defensa solicitó el arresto domiciliario y control mediante tobillera electrónica, teniendo en cuenta el interés superior del niño, como también se ofrecieron garantías con las que afirma que se someterá al proceso.

Al ceder el uso de palabra a la representación del Ministerio Público, se citó en primer término que la prisión preventiva fue dictada por la jueza Rosarito Montanía, en octubre de 2023 y a la fecha no han variado los presupuestos para una revocatoria, más aún teniendo en cuenta que las mismas fueron dictadas en circunstancias sumamente objetivas.

La misma jueza confirmó la medida cautelar en diciembre de 2023, posteriormente apelada y ratificada por el Tribunal de Apelación el 29 de diciembre de 2023, hasta que la causa fue elevada a juicio oral y público en diciembre de 2024. “Los fundamentos en relación a la cuestión de la familia y de los hijos ya fue discutida dos veces en primera instancia, e incluso en etapa intermedia”. acotó el fiscal.

Seguidamente expuso que ya en etapa de juicio oral y público, López planteó recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia del 10 de febrero dictada por este por este tribunal de sentencia que fijada justamente en la extracción de datos de los teléfonos, uno de estos teléfonos precisamente es uno de los que fue manipulado y que motivó en su momento  la aplicación de la prisión preventiva.

“En ese mismo escrito, el 10 de marzo de 2025, López recusó al Tribunal de Apelaciones,  esto para el Ministerio Público constituye un sabotaje del proceso judicial y entiendo que no existe un motivo suficiente como para poder revocar la la la prisión preventiva, al contrario lo correcto sería sobrellevar este juicio y tratar de terminarlo.”

Para el fiscal no corresponde tal petición de revocar la prisión preventiva, agregando que son actos repetitivos y dilatorios de la defensa técnica,, “en consecuencia se solicita que se aplique la correspondiente advertencia o sanción”. precisó.

Antecedentes

La jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público la causa de María Virginia Araki, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico y de asociación criminal. Según el Ministerio Público, Araki, pareja de Federico Santoro, habría utilizado bienes obtenidos con ganancias del tráfico internacional de drogas para adquirir inmuebles, realizar construcciones, y otros movimientos financieros con el fin de aparentar legitimidad.

El Ministerio Público ha presentado pruebas que vinculan a Araki con el lavado de activos obtenidos por su pareja, Federico Santoro, un presunto operador en el tráfico internacional de drogas. Según la Fiscalía, Araki habría aprovechado su relación con Santoro para gestionar y ocultar importantes sumas de dinero ilícito. Se estima que, entre 2020 y 2023, Araki y Santoro canalizaron ingresos derivados del narcotráfico hacia múltiples inversiones en Paraguay, incluyendo la compra de propiedades, construcción de inmuebles y adquisición de bienes de alto valor, todo esto registrado a nombre de Araki o de empresas a su nombre, con el propósito de aparentar una fuente de ingresos lícita.

La acusación, presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, sostiene que Araki habría diseñado una estructura de lavado de dinero mediante empresas ficticias y prestanombres, valiéndose además de terceras personas para disimular el origen ilícito de los fondos. Entre las empresas utilizadas para estos fines, destaca la firma Araki S.R.L., de la cual Araki es socia junto a un gerente de otra empresa comercial, con quien mantenía relaciones comerciales que facilitaban el flujo de dinero en operaciones aparentes. En este contexto, la Fiscalía apunta a la participación de empresarios, colaboradores y prestanombres que habrían contribuido a dar una fachada legal al movimiento de dinero, permitiendo que los recursos ilícitos circularan en el sistema financiero nacional.

El Observador