La agente Fúster, además, está en la lista de los cuarenta y un agentes fiscales afiliados al Partido Colorado que votaron en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el 2021.

Una investigación de ÚH publicada en el 2020, refiere asimismo que Fúster atendió al menos once denuncias falsas promovidas por el prestamista luqueño Ramón González Daher contra sus víctimas. Por ello es que la actuación de la fiscala en esas causas está en proceso de investigación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por instrucción precisa del Tribunal de Sentencia que condenó a RGD a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Los documentos a los que este medio accedió indican que Fúster atendió las denuncias por estafa y apropiación promovidas por el dirigente deportivo contra sus víctimas en un esquema corrupto, en el periodo en que la agente estaba en la Unidad Fiscal Número 2 de la ciudad de Luque. Según los documentos, ocho de las denuncias ingresaron en la Fiscalía en el año 2014 y otras tres se realizaron en el 2016.

Juicio. Además, esta agente fue la que representó a la Fiscalía en el proceso contra el fallecido ex senador colorado Óscar González Daher, acusado por los delitos de asociación criminal y tráfico de influencias en la caso conocido como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esto, pese a las denuncias en contra de Fúster por sus vínculos con el clan.

Una de las denuncias indica que el esposo de la fiscala Fúster, Gustavo Arsenio Erico, era secretario del extinto congresista en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando Óscar González Daher presidía dicha institución.

En la planilla de funcionarios del Jurado a la que ÚH tuvo acceso, Erico aparece como asistente técnico y con un cargo permanente desde el 2009 en la institución. Por su parte, víctimas de Ramón González Daher habían hecho público que el esposo de la fiscala tenía un trato muy cercano con el ex titular del JEM. Pese a todo ello, la fiscala no se inhibió del caso.

Igualmente, en la causa de los audios filtrados del JEM, la Fiscalía había solicitado la pena de 7 años de cárcel para el ex senador colorado ÓGD, pero debido a la falta de pruebas, el Tribunal de Sentencia condenó al ex congresista a dos años de prisión por el delito de tráfico de influencia. Sin embargo, el Tribunal dejó en claro que la fiscala no pudo comprobar el delito de asociación criminal.