Fue la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, la que acusó a Antonia Galeano por el hecho punible de tráfico de influencias. La sospecha en su contra es que desde abril de este año, la funcionaria habría solicitado G. 7 millones a la familia de Marcelo Peña Mancuello, quien estaba en prisión, para que obtuviera arresto domiciliario.
Las entregas de dinero
El papá del procesado denunció los pedidos de dinero, comentando que el 21 de abril de 2026 ya entregó la mitad del dinero que le solicitaban, que consistía en G. 3 millones, y el resto debía dar después. La entrega se hizo en una bolsa con la inscripción de “Feliz Cumpleaños”.
Después de un tiempo, Antonia habría sumado G. 1 millón para los funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) que debían sacar un informe favorable para que Marcelo Peña fuera a casa con la tobillera.
Las promesas en las conversaciones
Aparentemente, fue la misma Antonia la que se puso en contacto con la familia, siendo ella solo funcionaria de la Sección de Estadística del Poder Judicial de San Lorenzo. Las conversaciones con el papá comenzaron el 14 de abril, en la casa de ella, cuando se ofreció a intermediar ante personas del Juzgado por el arresto domiciliario.
En todo momento Galeano se jactaba de que conocía a la jueza y que podía hablar con la actuaria.
“Ella me aseguró que conseguiría la libertad de mi hijo, pues tenía contacto con la jueza, actuaria y demás funcionarios de ese Juzgado. Le consulté si eso tendría un costo y me contestó que sí, que nadie trabaja gratis”, contó el papá de Marcelo Peña ante la Fiscalía.
Incluso, la fiscala Yeimy Adle transcribe lo que se le escucha decir a la funcionaria en un audio que fue grabado con autorización judicial.
“Yo les ayudo gratis, pero ellos no ayudan gratis”, supuestamente decía Antonia Galeano. Entonces el señor Peña le consultó si a quiénes se refería y ella le respondió “los de Sentencia lastimosamente, ellos cobran ocho (millones de guaraníes), se creen dioses luego ahí”.
Después, ella mencionó que si todavía no fue a juicio oral, que ella sí podía intermediar “más barato”.
El dinero se entregó en efectivo, en un estacionamiento y luego fue detenida la funcionaria.
También –como estrategia– preguntó al señor Peña si él o su esposa tenían alguna enfermedad para plantear con eso que el hijo debía salir en libertad y trabajar. La esposa sufría presión alta, entonces Antonia Galeano le pidió documentos de eso.
El padre le consultó directamente si quién es el que ayudaba y a quién iba la plata. La funcionaria le respondió: “La jueza luego, ella me dice que me va ayudar, ella no toca la plata, así como vos me das, le entrego a la actuaria y ella le da a la jueza y ella se encarga de repartir a sus funcionarios seguramente si es que reparte”, dijo.
Además, le aseguró que estaba hace 18 años en el Juzgado y que todos le conocen. “Me gusta luego ayudar a la gente”, continuó.
Entrega parcial del dinero
Como el papá de Marcelo Peña hizo solo un pago parcial, quedaba un saldo a entregar, que era de G. 4 millones. Antonia Galeano le dijo que supuestamente ella y con un dinero de su hermana completaron la plata y que necesitaba recuperar.
Le mencionó que supuestamente esa plata que ella puso era para mandar ver la parte eléctrica de su casa y que tuvo que suspender. “No puedo prender dos aires al mismo tiempo, chispea y era de esa plata lo que yo use”, le contó.
También dijo que usó del comercio de venta de ropas de su “hermanita”, como una forma de presión para que el padre le pague.
Finalmente, se hizo la entrega de esos G. 4 millones en un procedimiento vigilado el 5 de mayo de este año. En esa fecha, Antonia Galeano cayó detenida tras una investigación del Ministerio Público.
Complicidad dentro del Juzgado
Lo grave es que –según la Fiscalía– Antonia Galeano nunca estuvo en ese Juzgado donde estaba la causa de Marcelo Peña, sino que ella contaba otro contacto dentro del Juzgado, otro funcionario judicial, quien también ya fue imputado.
Ángel Hernán Aranda Navarro fue imputado hace poco por revelación de secretos de servicio. Se trata de un funcionario judicial también del Juzgado Penal de San Lorenzo que supuestamente informaba sobre el estado procesal a Antonia.





