La mujer es acusada de haber formado parte activa del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización considerada como terrorista por el Estado paraguayo. Los cargos que se le imputan incluyen apología del delito, atentado contra la existencia del Estado, atentado contra el orden constitucional, transgresión a la Ley de Armas (Ley 4030/10) y producción de riesgos comunes.

La acusación se sustenta, principalmente, en el análisis de un material audiovisual grabado por el EPP en diciembre del año 2013 en una zona boscosa del norte del país. El video, difundido públicamente entre el 19 y el 20 de enero del año 2014 a través de diversos medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, muestra a Lourdes Ramírez portando una escopeta calibre 12 y vestimenta con insignias del grupo armado.

En dicha grabación, miembros del EPP, incluyendo su entonces líder Osvaldo Villalba, realizaron una declaración pública dirigida a la ciudadanía paraguaya. En el mensaje, se incitaba a una supuesta “lucha de liberación del pueblo paraguayo”, instando a la clase obrera, campesina, estudiantil e indígena a unirse al movimiento armado y llamamientos explícitos a desobedecer a las autoridades constituidas.

Según la Fiscalía, Lourdes Ramírez habría integrado el EPP hasta mediados de enero del año 2016. Durante ese periodo, formó parte de una estructura cuyo objetivo fue la toma del poder por medios violentos y la instauración de un modelo político contrario al Estado social de derecho, desconocimiento de la Constitución Nacional y de los poderes públicos legítimamente establecidos. El Ministerio Público sostiene que la participación de Ramírez de Ramos no fue circunstancial, sino que respondió a una militancia activa dentro del grupo insurgente, alineada ideológicamente con sus postulados y operativamente vinculada a sus acciones.

En el mismo video también aparecen otros reconocidos miembros del EPP, tales como Manuel Cristaldo Mieres, Ladi Siqueira Krauze, Magna María Meza Martínez, Vidalina Cardozo, Jorgelina Silva Cáceres, Liliana Villalba Ayala, Alejandro Ramos Morel, Esteban Marín López, Domingo Ovelar González, Alejandro Ramos y Feliciano Bernal Maíz. Todos ellos portaban armas de grueso calibre, entre ellas fusiles 7.62 y 5.56 mm, pistolas ametralladoras Beretta PM12 y escopetas calibre 12, así como uniformes camuflados de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado.

La causa continuará su curso en sede judicial, en tanto la Fiscalía solicitará la elevación a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de la acusada.