La pareja fue investigada por lesión de confianza que consistió en G. 3.700, desembolsados para la empresa en mención, de donde se distribuía a medios de prensa para propaganda política para un segundo mandato en la administración municipal y el senado, respectivamente.

Las camaristas sometidas a los procesados declararon improcedentes los recursos planteados por la Fiscalía y confirmó la resolución de la jueza penal de garantías Cinthia Garcete Urunaga, en junio del año pasado, por el que sobreseyó definitivamente a la pareja, en el marco del proceso que también incluye a otras ocho personas en los hechos punibles investigados.

El fiscal Francisco Cabrera aseguró que la representación pública ejercerá su derecho al recurso de casación, dado que existen fundados elementos para que la causa sea elevada para su finiquito en contradictorio público, según lo planteó el magistrado que votó en disidencia y abrió las puertas para la nueva presentación ante la máxima instancia judicial, donde se planteará la corrección de los garrafales “errores” cometidos por las camaristas Giménez Portillo y Meza de López para confirmar el fallo recurrido.

Para el Ministerio Público, las magistradas se extralimitaron en sus funciones para favorecer los intereses del clan. Orrego afirmó que Javier Zacarías era quien ordenaba al entonces director de finanzas de la Municipalidad del CDE, David Espínola, que entregue los montos a Juan Sanabria, jefe de prensa, ambos también procesados, para que se distribuya el dinero a medios de prensa a través de “Frontera Producciones”, firma de maletín creada para el efecto.

Los fondos municipales, según concluyeron los fiscales investigadores, fueron utilizados desde el año 2014 hasta 2018, periodo en que se destinaron los G. 3.700 millones para la propaganda política oficial de la pareja. De este modo, la Fiscalía anticorrupción asumirá el recurso de casación y será la Corte Suprema donde se dirimirá la cuestión.