La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la creación de 14 unidades con cobertura a nivel nacional de la Unidad Especializada de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

La fiscala Liliana Alcaraz se encargará de coordinar los trabajos de persecución penal de los hechos punibles contra el patrimonio de las instituciones públicas.

De igual manera, la Unidad tiene la competencia para identificar las técnicas utilizadas por los delincuentes, así como las estructuras y esquemas que manejan para ocultar el origen ilícito de los fondos y el flujo de activos que se utilizan para financiar el terrorismo.

Alcaraz representó al Ministerio Público en casos como el del diputado Carlos Portillo, como también en el de Patricia Samudio, ex presidente de Petropar.