Desde el pasado 19 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Sonora localizó cadáveres en el cerro Chichiquelite, ubicado en el municipio de Cajeme. La dependencia realizó pruebas de ADN y confirmó que los restos humanos corresponden a cinco de los diez indígenas yaquis que desaparecieron el 14 de julio. 

En un comunicado de prensa, la Fiscalía estatal detalló que la compositiva de ADN permitió identificar científicamente los restos de cinco personas. Se trata de Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Heladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores, y Fabián Valencia Romero. 

Tras esta confirmación, las autoridades continúan en la búsqueda de cinco individuos reportados como desaparecidos: Benjamín Pórtela Peralta, Artemio Arballo Canizalez, Gustavo Acosta Hurtado, y los hermanos Leocadio y Juan Justino Galaviz Cruz. 

Asimismo, en las búsquedas en el terreno se han recolectado "restos óseos" y "diversos indicios" que serán analizados, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora. 

El pasado 14 de julio, el grupo de hombres salió de la localidad de Loma de Bácum —uno de los ocho pueblos yaquis—, rumbo a un rancho cercano, para buscar unas vacas que cocinarían durante una fiesta tradicional. De acuerdo con medios locales, individuos armados habrían secuestrado a los integrantes del pueblo indígena.

Agresiones

El asesinato de cinco hombres de la comunidad y la desaparición del resto de integrantes del grupo se enmarca en un contexto de agresiones e intimidaciones contra el pueblo yaqui, el cual históricamente se ha caracterizado por su defensa de la autonomía, el territorio y los recursos naturales. 

El pasado 8 de junio, el líder de la tribu yaqui, Luis Ubando Domínguez Mendoza, fue asesinado en el centro de Ciudad Obregón. Trece días después, el vocero Tomás Rojo Valencia fue encontrado muerto en la comunidad de Vícam. Los dos activistas se opusieron a la construcción de grandes megaproyectos en el territorio. 

En lo que va de 2021, ocho ambientalistas han sido asesinados en el país latinoamericano. En el caso de las comunidades indígenas, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha advertido que sus líderes están más "expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión".