La denuncia, realizada por un activista y un abogado, acusa al intendente de homicidio culposo y otros delitos en relación con el caso de los militares Alexis Teobaldo Sosa Leiva, aún desaparecido, y Domingo David Ríos Domínguez, encontrado sin vida. Ambos fueron arrastrados por un raudal una semana antes, cuando la camioneta del Comando del Ejército en la que viajaban fue llevada al cauce del arroyo Lambaré.

Las víctimas se encontraban en una zona desprovista de vallado en la calle Santa Rosa de Lima, y solo después del trágico incidente, la Comuna instaló vallas en el lugar. El ex senador Enrique Bacchetta, abogado del intendente, afirmó que todos los funcionarios municipales se han puesto a disposición de los investigadores.

Bacchetta insinuó la existencia de un «interés político» detrás de la denuncia, mencionando una supuesta influencia de un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Aseguró que están facilitando la documentación solicitada por la fiscal González y deslindó al intendente de cualquier responsabilidad, afirmando que jurídicamente no existe tal responsabilidad.