Los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia acusaron a Justo Rubén Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini, dueños de Imedic SA, por los delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. También fueron acusados funcionarios aduaneros.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos que realice un juicio oral y público a los implicados en el presunto contrabando de insumos médicos, requeridos al principio de la pandemia del Covid-19.

Asimismo, también se presentó acusación contra Carlos Alberto Gamarra González, también por la supuesta comisión de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en calidad de coautor.

Igualmente, fueron acusados Guillermo Andrés Molinas Camps y Gustavo Adolfo Acosta por la presunta comisión de colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de aduanas.

La acusación gira en torno a las compras de insumos médicos por la firma Insumos Médicos SA.

“En cuanto a la estructura delictiva señalada por el Ministerio Público, en este caso particular consiste en la existencia de un esquema delictivo creado por los acusados para la comisión de un fraude al Estado paraguayo”, señala el documento.

Menciona además que las evidencias obtenidas hasta la fecha sugieren que este esquema delictivo se encuentra diseñado, a través del uso de figuras legales administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no cuentan con los registros correspondientes para su nacionalización y posterior comercialización.

De acuerdo con la Fiscalía, el clan Ferreira, mediante de las firmas Imedic y Eurotec, presuntamente quisieron vender al Estado Paraguayo insumos médicos provenientes de China bajo un procedimiento excepcional para la “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19”.

Sin embargo, los insumos no llegaron en tiempo y forma cada uno, además de otras irregularidades detectadas, por lo que la cartera sanitaria rescindió los contratos con ambas firmas.

La Contraloría General de la República (CGR), en mayo pasado, calificó de “viciadas de irregularidades en todas sus etapas” al proceso de adquisición de diferentes productos realizada por Salud, para lo cual fueron adjudicadas las empresas del clan Ferreira por un monto total de unos G. 85.200 millones.

Actualmente, los Ferreira guardarán arresto domiciliario en su vivienda de Fernando de la Mora, barrio Santa Ana, bajo custodia y control de Comisaría 1ª de San Lorenzo, debiendo la sede policial informar en forma semanal el cumplimiento de dicha medida.