Durante la audiencia, la representación fiscal ofreció declaraciones testificales y pruebas documentales con el objetivo de sustentar la acusación. Las pesquisas se iniciaron tras detectarse una presunta simulación en la compraventa de una embarcación de lujo. Según los alegatos de apertura, dicha operación habría sido utilizada como mecanismo de retribución por parte del empresario, debido a que la SEN habría direccionado al menos once contrataciones a firmas de su propiedad.

El Ministerio Público acusó a Joaquín Roa por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos. En tanto, Alberto Koube enfrenta cargos por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El fiscal Silvio Corbeta, a cargo de la acusación, explicó que Roa habría realizado solo un pago parcial por el yate, cuyo valor asciende a G. 3.200 millones (USD 420.000). El contrato de compraventa fue firmado con la firma Grupo Tapyracuai S.A., sin certificación de firmas ni registro ante los Registros Públicos o la Prefectura Naval, lo que imposibilitaba su habilitación legal para la navegación.

El juicio oral continuará el próximo 9 de julio con la prosecución del desarrollo probatorio.