Ante el juzgado penal de garantías, a cargo de Cinthia Garcete, se presentó requerimiento conclusivo de acusación por coacción grave y robo contra cinco sujetos liderados por el agitador Rafael Esquivel, alias “Mbururu”. También fueron acusados, Hipólito Romero, Robert Prieto Sosa, Oscar Cano Duarte y Nelson Cano Duarte, todos mayores de edad, presuntos responsables de los hechos investigados, conforme reapertura solicitada a la magistrada por la fiscal Vanesa Candia, en su carácter de interina de la unidad especializada antisecuestro, a cargo de su colega Zunilda Ocampos, quien ayer se reintegró a sus actividades luego de un curso en el extranjero.

Los antecedentes refieren que el 12 de octubre de 2019, los cinco ahora acusados habrían ingresado al predio de la “Granja La Sonrisa”, propiedad de Gustavo Américo Arias Franco (fallecido), con quien discutieron y le solicitaron que se retiren del lugar, porque ellos ocuparían el predio, caso contrario lo golpearían. El hecho fue grabado por Fabrizio Zugastti, hijo de la también propietaria del lugar Perla Montalbetti. Los invasores, le sustrajeron su teléfono celular y le golpearon. Los acusados golpearon a Arias Franco ya  otras dos personas que se llegaron para defender la propiedad. También amenazaron y se llevaron tres teléfonos celulares utilizados para filmar los atropellos.

La encargada de garantizar el proceso fijó audiencia preliminar para el próximo 2 de diciembre, oportunidad en que la representación se ratificará en su acusación y solicitará la elevación del caso para su discusión en contradictorio público. Según los elementos colectados en la etapa preparatoria, la Fiscalía calificó la conducta desplegada por los cinco acusados como típica, antijurídica, reprochable y, en consecuencia, es punible, según dijo ayer la responsable de la acción penal, quien considera tener sobradas herramientas de juicio para requerir elevadas penas en sus alegatos finales. Mbururu cuenta con restricciones impuestas por un juez de paz en cuanto a acercamiento a las víctimas y hasta una orden de detención que no fue cumplida por la Policía.

La Fiscalía presentó su carpeta de investigaciones con todas las diligencias actuadas, en algunos casos, en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas. Ofreció pruebas documentales y testimoniales con las que podrá demostrar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. La jueza Alba Meza deberá resolver el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público, ya requerido con anticipación en su escrito de acusación, que será sostenido durante la audiencia preliminar convocada para el 2 de diciembre.