La agente fiscal Liliana Alcaraz, delegada de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, lidera los siete allanamientos con relación a la investigación de megafacturas, que involucra a 17 entidades del Estado.

La representante del Ministerio Público expresó a Telefuturo que se encuentran realizando siete allanamientos simultáneos con varios fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y que están incautando documentos relativos al caso.

Asimismo, indicó que una de las viviendas allanadas en la ciudad de Itá corresponde a un familiar de Cristino Jara, representante de la Consultora San Miguel, una de las empresas que saltan como superproveedora en el esquema de facturación.

La unipersonal de Jara, del rubro de la construcción y mantenimiento, emitió facturas apócrifas por un valor de G. 57.000 millones (USD 8,3 millones) a diferentes municipios y una gobernación en contratos de construcción, pero sin comprar un solo ladrillo, por lo que se cree que las obras nunca se realizaron.

Las municipalidades afectadas por este operativo son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan de Mena, Jesús de Tavarangue, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora. También se encuentra la Gobernación de Cordillera.

Otras 16 grandes empresas y unas 100 compañías también formarían parte de la red de megaevasión. Entre las irregularidades también se detectaron unas 57 facturas por valor de G. 26.698 millones, (USD 3,9 millones), que habrían sido emitidas por un cuidacoches y varios docentes.

Las facturas falsas fueron detectadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en el marco del operativo Facturación II.