Uno de los primeros casos de favoritismo del Ministerio Público se dio apenas iniciada la pandemia, cuando el empresario Karim Salum, un hombre de conocida cercanía con el ex presidente Horacio Cartes, no cumplió cuarentena obligatoria en los albergues dispuestos tal como hacían todos los ciudadanos que arribaban del extranjero, sino que fue enviado a su domicilio apenas llegó al país, generando la indignación ciudadana.

El hombre había presentado un certificado médico con lo cual una fiscala fue al mismo aeropuerto a darle la venia. La orden del beneficio supuestamente provino de la misma fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según lo expresaron desde el Gobierno.

Si bien se abrió una causa penal, no pasó a mayores.

Este y otros antecedentes hacen que haya sospechas sobre la actuación fiscal a la hora de investigar al gobernador de Central, quien pese a las pruebas presentadas por la Subsecretaría de Tributación y la Secretaría Anticorrupción, hace casi tres meses, no fue procesado, así como ningún otro funcionario.

La Fiscalía se escudó en que faltaban los informes de parte de la Contraloría y las instituciones ya citadas para poder investigar y ver responsabilidades. Sin embargo, los papeles ya fueron entregados en su totalidad y además la Contraloría señaló que no hace falta la auditoría porque no es vinculante.

La Gobernación fue denunciada porque habría presentado facturas falsas en la rendición de cuentas de los fondos otorgados por la emergencia sanitaria a causa del Covid. Se habla de que existe una fuerte protección a González por ser del grupo de Cartes.

OTRAS CAUSAS. Llamativamente, la Fiscalía no llegó a investigar otros hechos, como el del escopetero, un suboficial que apareció de civil frente a la ANR, realizando disparos contra manifestantes, en marzo de este año. Se inició una investigación, pero no hay proceso. La abogada Diana Vargas reclamó que la Fiscalía tampoco investigó a la Policía Montada, que había sido denunciada por abusos y humillaciones a manifestantes.

Donde sí se mostró celeridad es con la causa que investigó la quema del Congreso con la condena a Stiben Patrón, Roberto Rojas y Nelly Cortesi, sentenciados a tres años por perturbación a la paz pública.