La salida del excandidato presidencial fue confirmada por personas de su entorno político y una fuente del Gobierno estadounidense. Su partida se produjo en medio de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y otras irregularidades financieras. También trascendió que la administración de Donald Trump podría concederle asilo, aunque todavía no existe una confirmación oficial de esa medida.

El juez Alexandre de Moraes había ordenado el lunes que Bolsonaro entregara sus documentos de viaje a la Policía Federal, ante el riesgo de que abandonara Brasil. Sin embargo, el plazo venció durante la mañana del martes sin que el senador cumpliera la disposición. Como consecuencia, las autoridades procedieron a cancelar sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático que posee por su condición de parlamentario. Bolsonaro también cuenta con ciudadanía italiana.

La decisión judicial está relacionada con una investigación sobre presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a plataformas de apuestas digitales. En el expediente también aparece el abogado Willer Tomaz, cercano al dirigente político. La Justicia busca determinar la existencia de posibles movimientos financieros irregulares y la participación de los involucrados.

Antes de desaparecer de la escena pública, Bolsonaro había asegurado que permanecería en Brasil y que acataría la disposición judicial. Incluso anunció que asumiría el liderazgo de la oposición al nuevo Gobierno de Lula, luego de perder las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

El candidato derrotado cuestionó duramente la actuación del magistrado y sostuvo que las medidas en su contra respondían a motivaciones políticas. En sus últimas declaraciones públicas negó cualquier intención de abandonar el territorio brasileño y manifestó que se defendería de las acusaciones.

La incertidumbre sobre su paradero comenzó cuando sus colaboradores dejaron de tener contacto con él. Inicialmente, algunos dirigentes de su campaña rechazaron las versiones de una posible fuga, pero posteriormente personas cercanas al senador confirmaron que había salido de Brasil rumbo a territorio estadounidense.

Durante las primeras horas circularon informaciones que apuntaban a un posible traslado por Argentina. Las sospechas se concentraron en un avión privado localizado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, ciudad fronteriza con Brasil y Paraguay, desde donde supuestamente partiría hacia Estados Unidos.

No obstante, las autoridades argentinas descartaron que existieran registros migratorios de ingreso del dirigente brasileño. También inspeccionaron la aeronave y verificaron su documentación, sin encontrar un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

El Gobierno de Javier Milei negó igualmente haber recibido una solicitud de asilo del senador. Posteriormente, allegados al excandidato señalaron que su salida se había producido directamente desde territorio brasileño.

La fuga se conoce apenas dos días después de las elecciones presidenciales, en las que Lula consiguió una inesperada remontada frente a Bolsonaro, quien había encabezado los resultados de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre.

El senador había cuestionado inicialmente la legitimidad de los resultados y anunciado su intención de solicitar la anulación de los comicios. Sin embargo, su propio partido, el Partido Liberal (PL), reconoció la victoria del mandatario reelecto, mientras que Bolsonaro terminó anunciando que ejercería como principal referente de la oposición.

La situación judicial del dirigente también involucra otras investigaciones. El magistrado Flávio Dino solicitó a la Policía Federal examinar posibles aportes financieros procedentes del extranjero a su campaña presidencial, a partir de denuncias formuladas por el Partido de los Trabajadores (PT) y sectores políticos que compitieron en las elecciones.

A esto se suma una investigación relacionada con sus vínculos con el empresario financiero Daniel Vorcaro, involucrado en un escándalo bancario. Las autoridades analizan comunicaciones sobre una solicitud de 134 millones de reales, supuestamente destinados a financiar una producción cinematográfica sobre la trayectoria de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Los investigadores sospechan que una parte de esos recursos pudo haber sido utilizada para cubrir gastos de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, durante su permanencia en Estados Unidos, donde desarrolló gestiones políticas ante sectores cercanos a la administración de Trump.

La partida de Flávio también recuerda lo ocurrido con su padre después de las elecciones presidenciales de 2022. Jair Bolsonaro viajó entonces a Estados Unidos tras perder frente a Lula y negarse a reconocer los resultados electorales.

El exmandatario regresó posteriormente a Brasil, donde terminó condenado a 27 años de prisión por su participación en una conspiración golpista destinada a impedir la continuidad del orden constitucional después de su derrota electoral.

Ahora, con Flávio Bolsonaro fuera de Brasil y varias investigaciones judiciales abiertas en su contra, las autoridades deberán determinar las circunstancias de su salida del país y las consecuencias del incumplimiento de la prohibición impuesta por el Supremo Tribunal Federal.